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Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores

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Título: LEY ORGÁNICA 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
Nº de Disposición: 5/2000
Fecha Disposición: 12/1/2000
Órgano Emisor: JEFATURA DEL ESTADO
Número BOE:  11/2000
Fecha Publicación: 13/1/2000  
              
 


JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
1. La promulgación de la presente Ley Orgánica
reguladora de la responsabilidad penal de los menores
era una necesidad impuesta por lo establecido en la
Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de
la Ley reguladora de la competencia y el procedimiento
de los Juzgados de Menores; en la moción aprobada
por el Congreso de los Diputados el 10 de mayo de
1994, y en el artículo 19 de la vigente Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
2. La Ley Orgánica 4/1992, promulgada como
consecuencia de la sentencia del Tribunal
Constitucional 36/1991, de 14 de febrero, que declaró
inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Tribunales Tutelares
de Menores, texto refundido de 11 de junio de 1948,
establece un marco flexible para que los Juzgados de
Menores puedan determinar las medidas aplicables a
éstos en cuanto infractores penales, sobre la base de
valorar especialmente el interés del menor, entendiendo
por menores a tales efectos a las personas comprendidas
entre los doce y los dieciséis años. Simultáneamente,
encomienda al Ministerio Fiscal la iniciativa procesal, y
le concede amplias facultades para acordar la
terminación del proceso con la intención de evitar, dentro de
lo posible, los efectos aflictivos que el mismo pudiera
llegar a producir. Asimismo, configura al equipo técnico
como instrumento imprescindible para alcanzar el
objetivo que persiguen las medidas y termina estableciendo
un procedimiento de naturaleza sancionadora-educativa,
al que otorga todas las garantías derivadas de nuestro
ordenamiento constitucional, en sintonía con lo
establecido en la aludida sentencia del Tribunal Constitucional
y lo dispuesto en el artículo 40 de la Convención de
los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.
Dado que la expresada Ley Orgánica se reconocía
a sí misma expresamente "el carácter de una reforma
urgente, que adelanta parte de una renovada legislación
sobre reforma de menores, que será objeto de medidas
legislativas posteriores", es evidente la oportunidad de
la presente Ley Orgánica, que constituye esa necesaria
reforma legislativa, partiendo de los principios básicos
que ya guiaron la redacción de aquélla (especialmente,
el principio del superior interés del menor), de las
garantías de nuestro ordenamiento constitucional, y de las
normas de Derecho internacional, con particular
atención a la citada Convención de los Derechos del Niño
de 20 de noviembre de 1989, y esperando responder
de este modo a las expectativas creadas en la sociedad
española, por razones en parte coyunturales y en parte
permanentes, sobre este tema concreto.
3. Los principios expuestos en la moción aprobada
unánimemente por el Congreso de los Diputados el
día 10 de mayo de 1994, sobre medidas para mejorar
el marco jurídico vigente de protección del menor, se
refieren esencialmente al establecimiento de la mayoría
de edad penal en los dieciocho años y a la promulgación
de "una ley penal del menor y juvenil que contemple
la exigencia de responsabilidad para los jóvenes
infractores que no hayan alcanzado la mayoría de edad penal,
fundamentada en principios orientados hacia la
reeducación de los menores de edad infractores, en base a
las circunstancias personales, familiares y sociales, y que
tenga especialmente en cuenta las competencias de las
Comunidades Autónomas en esta materia...".
4. El artículo 19 del vigente Código Penal, aprobado
por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, fija
efectivamente la mayoría de edad penal en los dieciocho
años y exige la regulación expresa de la responsabilidad
penal de los menores de dicha edad en una Ley
independiente. También para responder a esta exigencia se
aprueba la presente Ley Orgánica, si bien lo dispuesto
en este punto en el Código Penal debe ser
complementado en un doble sentido. En primer lugar, asentando
firmemente el principio de que la responsabilidad penal
de los menores presenta frente a la de los adultos un
carácter primordial de intervención educativa que
trasciende a todos los aspectos de su regulación jurídica
y que determina considerables diferencias entre el
sentido y el procedimiento de las sanciones en uno y otro
sector, sin perjuicio de las garantías comunes a todo
justiciable. En segundo término, la edad límite de
dieciocho años establecida por el Código Penal para
referirse a la responsabilidad penal de los menores precisa
de otro límite mínimo a partir del cual comience la
posibilidad de exigir esa responsabilidad y que se ha
concretado en los catorce años, con base en la convicción
de que las infracciones cometidas por los niños menores
de esta edad son en general irrelevantes y que, en los
escasos supuestos en que aquéllas pueden producir
alarma social, son suficientes para darles una respuesta
igualmente adecuada los ámbitos familiar y asistencial
civil, sin necesidad de la intervención del aparato judicial
sancionador del Estado.
5. Asimismo, han sido criterios orientadores de la
redacción de la presente Ley Orgánica, como no podía
ser de otra manera, los contenidos en la doctrina del
Tribunal Constitucional, singularmente en los
fundamen
tos jurídicos de las sentencias 36/1991, de 14 de
febrero, y 60/1995, de 17 de marzo, sobre las garantías
y el respeto a los derechos fundamentales que
necesariamente han de imperar en el procedimiento seguido
ante los Juzgados de Menores, sin perjuicio de las
modulaciones que, respecto del procedimiento ordinario,
permiten tener en cuenta la naturaleza y finalidad de aquel
tipo de proceso, encaminado a la adopción de unas
medidas que, como ya se ha dicho, fundamentalmente no
pueden ser represivas, sino preventivo-especiales,
orientadas hacia la efectiva reinserción y el superior interés
del menor, valorados con criterios que han de buscarse
primordialmente en el ámbito de las ciencias no jurídicas.
II
6. Como consecuencia de los principios, criterios
y orientaciones a que se acaba de hacer referencia,
puede decirse que la redacción de la presente Ley Orgánica
ha sido conscientemente guiada por los siguientes
principios generales: naturaleza formalmente penal pero
materialmente sancionadora-educativa del
procedimiento y de las medidas aplicables a los infractores menores
de edad, reconocimiento expreso de todas las garantías
que se derivan del respeto de los derechos
constitucionales y de las especiales exigencias del interés del
menor, diferenciación de diversos tramos a efectos
procesales y sancionadores en la categoría de infractores
menores de edad, flexibilidad en la adopción y ejecución
de las medidas aconsejadas por las circunstancias del
caso concreto, competencia de las entidades
autonómicas relacionadas con la reforma y protección de
menores para la ejecución de las medidas impuestas en la
sentencia y control judicial de esta ejecución.
7. La presente Ley Orgánica tiene ciertamente la
naturaleza de disposición sancionadora, pues desarrolla
la exigencia de una verdadera responsabilidad jurídica
a los menores infractores, aunque referida
específicamente a la comisión de hechos tipificados como delitos
o faltas por el Código Penal y las restantes leyes penales
especiales. Al pretender ser la reacción jurídica dirigida
al menor infractor una intervención de naturaleza
educativa, aunque desde luego de especial intensidad,
rechazando expresamente otras finalidades esenciales del
Derecho penal de adultos, como la proporcionalidad
entre el hecho y la sanción o la intimidación de los
destinatarios de la norma, se pretende impedir todo aquello
que pudiera tener un efecto contraproducente para el
menor, como el ejercicio de la acción por la víctima
o por otros particulares.
Y es que en el Derecho penal de menores ha de
primar, como elemento determinante del procedimiento
y de las medidas que se adopten, el superior interés
del menor. Interés que ha de ser valorado con criterios
técnicos y no formalistas por equipos de profesionales
especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas,
sin perjuicio desde luego de adecuar la aplicación de
las medidas a principios garantistas generales tan
indiscutibles como el principio acusatorio, el principio de
defensa o el principio de presunción de inocencia.
8. Sin embargo, la Ley tampoco puede olvidar el
interés propio del perjudicado o víctima del hecho
cometido por el menor, estableciendo un procedimiento
singular, rápido y poco formalista para el resarcimiento,
en su caso, de daños y perjuicios, dotando de amplias
facultades al Juez de Menores para la incorporación a
los autos de documentos y testimonios relevantes de
la causa principal. En este ámbito de atención a los
intereses y necesidades de las víctimas, la Ley introduce
el principio en cierto modo revolucionario de la
responsabilidad solidaria con el menor responsable de los
hechos de sus padres, tutores, acogedores o
guardadores, si bien permitiendo la moderación judicial de la
misma y recordando expresamente la aplicabilidad en
su caso de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como de la
Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y
asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la
libertad sexual.
Asimismo la Ley regula, para procedimientos por
delitos graves cometidos por mayores de dieciséis años,
un régimen de intervención del perjudicado en orden
a salvaguardar el interés de la víctima en el
esclarecimiento de los hechos y su enjuiciamiento por el orden
jurisdiccional competente, sin contaminar el
procedimiento propiamente educativo y sancionador del menor.
Esta Ley arbitra un amplio derecho de participación
a las víctimas ofreciéndoles la oportunidad de intervenir
en las actuaciones procesales proponiendo y practicando
prueba, formulando conclusiones e interponiendo
recursos. Sin embargo, esta participación se establece de un
modo limitado ya que respecto de los menores no cabe
reconocer a los particulares el derecho a constituirse
propiamente en parte acusadora con plenitud de
derechos y cargas procesales. No existe aquí ni la acción
particular de los perjudicados por el hecho criminal, ni
la acción popular de los ciudadanos, porque en estos
casos el interés prioritario para la sociedad y para el
Estado coincide con el interés del menor.
9. Conforme a las orientaciones declaradas por el
Tribunal Constitucional, anteriormente aludidas, se
instaura un sistema de garantías adecuado a la pretensión
procesal, asegurando que la imposición de la sanción
se efectuará tras vencer la presunción de inocencia, pero
sin obstaculizar los criterios educativos y de valoración
del interés del menor que presiden este proceso,
haciendo al mismo tiempo un uso flexible del principio de
intervención mínima, en el sentido de dotar de relevancia
a las posibilidades de no apertura del procedimiento o
renuncia al mismo, al resarcimiento anticipado o
conciliación entre el infractor y la víctima, y a los supuestos
de suspensión condicional de la medida impuesta o de
sustitución de la misma durante su ejecución.
La competencia corresponde a un Juez ordinario, que,
con categoría de Magistrado y preferentemente
especialista, garantiza la tutela judicial efectiva de los
derechos en conflicto. La posición del Ministerio Fiscal es
relevante, en su doble condición de institución que
constitucionalmente tiene encomendada la función de
promover la acción de la Justicia y la defensa de la legalidad,
así como de los derechos de los menores, velando por
el interés de éstos. El letrado del menor tiene
participación en todas y cada una de las fases del proceso,
conociendo en todo momento el contenido del
expediente, pudiendo proponer pruebas e interviniendo en
todos los actos que se refieren a la valoración del interés
del menor y a la ejecución de la medida, de la que puede
solicitar la modificación.
La adopción de medidas cautelares sigue el modelo
de solicitud de parte, en audiencia contradictoria, en la
que debe valorarse especialmente, una vez más, el
superior interés del menor.
En defensa de la unidad de doctrina, el sistema de
recursos ordinario se confía a las Salas de Menores de
los Tribunales Superiores de Justicia, que habrán de
crearse, las cuales, con la inclusión de Magistrados
especialistas, aseguran y refuerzan la efectividad de la tutela
judicial en relación con las finalidades que se propone
la Ley. En el mismo sentido, procede destacar la
instauración del recurso de casación para unificación de
doctrina, reservado a los casos de mayor gravedad, en
paralelismo con el proceso penal de adultos, reforzando
la garantía de la unidad de doctrina en el ámbito del
derecho sancionador de menores a través de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo.
10. Conforme a los principios señalados, se
establece, inequívocamente, el límite de los catorce años
de edad para exigir este tipo de responsabilidad
sancionadora a los menores de edad penal y se diferencian,
en el ámbito de aplicación de la Ley y de la graduación
de las consecuencias por los hechos cometidos, dos
tramos, de catorce a dieciséis y de diecisiete a dieciocho
años, por presentar uno y otro grupo diferencias
características que requieren, desde un punto de vista
científico y jurídico, un tratamiento diferenciado,
constituyendo una agravación específica en el tramo de los
mayores de dieciséis años la comisión de delitos que se
caracterizan por la violencia, intimidación o peligro para las
personas.
La aplicación de la presente Ley a los mayores de
dieciocho años y menores de veintiuno, prevista en el
artículo 69 del Código Penal vigente, podrá ser acordada
por el Juez atendiendo a las circunstancias personales
y al grado de madurez del autor, y a la naturaleza y
gravedad de los hechos. Estas personas reciben, a los
efectos de esta Ley, la denominación genérica de
"jóvenes".
Se regulan expresamente, como situaciones que
requieren una respuesta específica, los supuestos en los
que el menor presente síntomas de enajenación mental
o la concurrencia de otras circunstancias modificativas
de su responsabilidad, debiendo promover el Ministerio
Fiscal, tanto la adopción de las medidas más adecuadas
al interés del menor que se encuentre en tales
situaciones, como la constitución de los organismos tutelares
previstos por las leyes. También se establece que las
acciones u omisiones imprudentes no puedan ser
sancionadas con medidas de internamiento en régimen
cerrado.
11. Con arreglo a las orientaciones expuestas, la
Ley establece un amplio catálogo de medidas aplicables,
desde la referida perspectiva sancionadora-educativa,
debiendo primar nuevamente el interés del menor en
la flexible adopción judicial de la medida más idónea,
dadas las características del caso concreto y de la
evolución personal del sancionado durante la ejecución de
la medida. La concreta finalidad que las ciencias de la
conducta exigen que se persiga con cada una de las
medidas relacionadas, se detalla con carácter orientador
en el apartado III de esta exposición de motivos.
12. La ejecución de las medidas judicialmente
impuestas corresponde a las entidades públicas de
protección y reforma de menores de las Comunidades
Autónomas, bajo el inexcusable control del Juez de Menores.
Se mantiene el criterio de que el interés del menor tiene
que ser atendido por especialistas en las áreas de la
educación y la formación, pertenecientes a esferas de
mayor inmediación que el Estado. El Juez de Menores,
a instancia de las partes y oídos los equipos técnicos
del propio Juzgado y de la entidad pública de la
correspondiente Comunidad Autónoma, dispone de amplias
facultades para suspender o sustituir por otras las
medidas impuestas, naturalmente sin mengua de las garantías
procesales que constituyen otro de los objetivos
primordiales de la nueva regulación, o permitir la participación
de los padres del menor en la aplicación y consecuencias
de aquéllas.
13. Un interés particular revisten en el contexto de
la Ley los temas de la reparación del daño causado y
la conciliación del delincuente con la víctima como
situaciones que, en aras del principio de intervención mínima,
y con el concurso mediador del equipo técnico, pueden
dar lugar a la no incoación o sobreseimiento del
expediente, o a la finalización del cumplimiento de la medida
impuesta, en un claro predominio, una vez más, de los
criterios educativos y resocializadores sobre los de una
defensa social esencialmente basada en la prevención
general y que pudiera resultar contraproducente para
el futuro.
La reparación del daño causado y la conciliación con
la víctima presentan el común denominador de que el
ofensor y el perjudicado por la infracción llegan a un
acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina
con el conflicto jurídico iniciado por su causa. La
conciliación tiene por objeto que la víctima reciba una
satisfacción psicológica a cargo del menor infractor, quien
ha de arrepentirse del daño causado y estar dispuesto
a disculparse. La medida se aplicará cuando el menor
efectivamente se arrepienta y se disculpe, y la persona
ofendida lo acepte y otorgue su perdón. En la
reparación el acuerdo no se alcanza únicamente mediante la
vía de la satisfacción psicológica, sino que requiere algo
más: el menor ejecuta el compromiso contraído con la
víctima o perjudicado de reparar el daño causado, bien
mediante trabajos en beneficio de la comunidad, bien
mediante acciones, adaptadas a las necesidades del
sujeto, cuyo beneficiario sea la propia víctima o perjudicado.
III
14. En la medida de amonestación, el Juez, en un
acto único que tiene lugar en la sede judicial, manifiesta
al menor de modo concreto y claro las razones que hacen
socialmente intolerables los hechos cometidos, le
expone las consecuencias que para él y para la víctima han
tenido o podían haber tenido tales hechos, y le formula
recomendaciones para el futuro.
15. La medida de prestaciones en beneficio de la
comunidad, que, en consonancia con el artículo 25.2
de nuestra Constitución, no podrá imponerse sin
consentimiento del menor, consiste en realizar una actividad,
durante un número de sesiones previamente fijado, bien
sea en beneficio de la colectividad en su conjunto, o
de personas que se encuentren en una situación de
precariedad por cualquier motivo. Preferentemente, se
buscará relacionar la naturaleza de la actividad en que
consista esta medida con la de los bienes jurídicos afectados
por los hechos cometidos por el menor.
Lo característico de esta medida es que el menor
ha de comprender, durante su realización, que la
colectividad o determinadas personas han sufrido de modo
injustificado unas consecuencias negativas derivadas de
su conducta. Se pretende que el sujeto comprenda que
actuó de modo incorrecto, que merece el reproche
formal de la sociedad, y que la prestación de los trabajos
que se le exigen es un acto de reparación justo.
16. Las medidas de internamiento responden a una
mayor peligrosidad, manifestada en la naturaleza
peculiarmente grave de los hechos cometidos, caracterizados
en los casos más destacados por la violencia, la
intimidación o el peligro para las personas. El objetivo
prioritario de la medida es disponer de un ambiente que
provea de las condiciones educativas adecuadas para
que el menor pueda reorientar aquellas disposiciones
o deficiencias que han caracterizado su comportamiento
antisocial, cuando para ello sea necesario, al menos de
manera temporal, asegurar la estancia del infractor en
un régimen físicamente restrictivo de su libertad. La
mayor o menor intensidad de tal restricción da lugar a
los diversos tipos de internamiento, a los que se va a
aludir a continuación. El internamiento, en todo caso,
ha de proporcionar un clima de seguridad personal para
todos los implicados, profesionales y menores
infractores, lo que hace imprescindible que las condiciones de
estancia sean las correctas para el normal desarrollo
psicológico de los menores.
El internamiento en régimen cerrado pretende la
adquisición por parte del menor de los suficientes
recur
sos de competencia social para permitir un
comportamiento responsable en la comunidad, mediante una
gestión de control en un ambiente restrictivo y
progresivamente autónomo.
El internamiento en régimen semiabierto implica la
existencia de un proyecto educativo en donde desde
el principio los objetivos sustanciales se realizan en
contacto con personas e instituciones de la comunidad,
teniendo el menor su residencia en el centro, sujeto al
programa y régimen interno del mismo.
El internamiento en régimen abierto implica que el
menor llevará a cabo todas las actividades del proyecto
educativo en los servicios normalizados del entorno,
residiendo en el centro como domicilio habitual.
El internamiento terapéutico se prevé para aquellos
casos en los que los menores, bien por razón de su
adicción al alcohol o a otras drogas, bien por disfunciones
significativas en su psiquismo, precisan de un contexto
estructurado en el que poder realizar una programación
terapéutica, no dándose, ni, de una parte, las condiciones
idóneas en el menor o en su entorno para el tratamiento
ambulatorio, ni, de otra parte, las condiciones de riesgo
que exigirían la aplicación a aquél de un internamiento
en régimen cerrado.
17. En la asistencia a un centro de día, el menor
es derivado a un centro plenamente integrado en la
comunidad, donde se realizan actividades educativas de
apoyo a su competencia social. Esta medida sirve el
propósito de proporcionar a un menor un ambiente
estructurado durante buena parte del día, en el que se lleven
a cabo actividades socio-educativas que puedan
compensar las carencias del ambiente familiar de aquél. Lo
característico del centro de día es que en ese lugar es
donde toma cuerpo lo esencial del proyecto
socio-educativo del menor, si bien éste puede asistir también a
otros lugares para hacer uso de otros recursos de ocio
o culturales. El sometido a esta medida puede, por lo
tanto, continuar residiendo en su hogar, o en el de su
familia, o en el establecimiento de acogida.
18. En la medida de libertad vigilada, el menor
infractor está sometido, durante el tiempo establecido
en la sentencia, a una vigilancia y supervisión a cargo
de personal especializado, con el fin de que adquiera
las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para
un correcto desarrollo personal y social. Durante el
tiempo que dure la libertad vigilada, el menor también deberá
cumplir las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo
con esta Ley, el Juez puede imponerle.
19. La realización de tareas socio-educativas
consiste en que el menor lleve a cabo actividades específicas
de contenido educativo que faciliten su reinserción
social. Puede ser una medida de carácter autónomo o
formar parte de otra más compleja. Empleada de modo
autónomo, pretende satisfacer necesidades concretas
del menor percibidas como limitadoras de su desarrollo
integral. Puede suponer la asistencia y participación del
menor a un programa ya existente en la comunidad,
o bien a uno creado "ad hoc" por los profesionales
encargados de ejecutar la medida. Como ejemplos de tareas
socio-educativas, se pueden mencionar las siguientes:
asistir a un taller ocupacional, a un aula de educación
compensatoria o a un curso de preparación para el
empleo; participar en actividades estructuradas de
animación sociocultural, asistir a talleres de aprendizaje
para la competencia social, etc.
20. El tratamiento ambulatorio es una medida
destinada a los menores que disponen de las condiciones
adecuadas en su vida para beneficiarse de un programa
terapéutico que les ayude a superar procesos adictivos
o disfunciones significativas de su psiquismo. Previsto
para los menores que presenten una dependencia al
alcohol o las drogas, y que en su mejor interés puedan
ser tratados de la misma en la comunidad, en su
realización pueden combinarse diferentes tipos de
asistencia médica y psicológica. Resulta muy apropiado para
casos de desequilibrio psicológico o perturbaciones del
psiquismo que puedan ser atendidos sin necesidad de
internamiento. La diferencia más clara con la tarea
socio-educativa es que ésta pretende lograr una
capacitación, un logro de aprendizaje, empleando una
metodología, no tanto clínica, sino de orientación
psicoeducativa. El tratamiento ambulatorio también puede
entenderse como una tarea socio-educativa muy
específica para un problema bien definido.
21. La permanencia de fin de semana es la
expresión que define la medida por la que un menor se ve
obligado a permanecer en su hogar desde la tarde o
noche del viernes hasta la noche del domingo, a
excepción del tiempo en que realice las tareas socio-educativas
asignadas por el Juez. En la práctica, combina elementos
del arresto de fin de semana y de la medida de tareas
socio-educativas o prestaciones en beneficio de la
comunidad. Es adecuada para menores que cometen actos
de vandalismo o agresiones leves en los fines de semana.
22. La convivencia con una persona, familia o grupo
educativo es una medida que intenta proporcionar al
menor un ambiente de socialización positivo, mediante
su convivencia, durante un período determinado por el
Juez, con una persona, con una familia distinta a la suya
o con un grupo educativo que se ofrezca a cumplir la
función de la familia en lo que respecta al desarrollo
de pautas socioafectivas prosociales en el menor.
23. La privación del permiso de conducir
ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo,
o de licencias administrativas para caza o para el uso
de cualquier tipo de armas, es una medida accesoria
que se podrá imponer en aquellos casos en los que el
hecho cometido tenga relación con la actividad que
realiza el menor y que ésta necesite autorización
administrativa.
24. Por último, procede poner de manifiesto que
los principios científicos y los criterios educativos a que
han de responder cada una de las medidas, aquí
sucintamente expuestos, se habrán de regular más
extensamente en el Reglamento que en su día se dicte en
desarrollo de la presente Ley Orgánica.
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1. Declaración general.
1. Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad
de las personas mayores de catorce años y menores de
dieciocho por la comisión de hechos tipificados como
delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales
especiales.
2. También se aplicará lo dispuesto en esta Ley para
los menores a las personas mayores de dieciocho años
y menores de veintiuno, en los términos establecidos
en el artículo 4 de la misma.
3. Las personas a las que se aplique la presente
Ley gozarán de todos los derechos reconocidos en la
Constitución y en el ordenamiento jurídico,
particularmente en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor, así como en la
Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre
de 1989 y en todas aquellas normas sobre protección de
menores contenidas en los Tratados válidamente
celebrados por España.
4. Al efecto de designar a las personas a quienes
se aplica esta Ley, en el articulado de la misma se utiliza
el término menores para referirse a las que no han
cum
plido dieciocho años, y el de jóvenes para referirse a
las mayores de dicha edad.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando esta Ley se refiera
genéricamente al menor o a los menores, se entenderá
que lo hace a todos los incluidos en su ámbito de
aplicación.
TÍTULO I
Del ámbito de aplicación de la Ley
Artículo 2. Competencia de los Jueces de Menores.
1. Los Jueces de Menores serán competentes para
conocer de los hechos cometidos por las personas
mencionadas en el artículo 1 de esta Ley, así como para
hacer ejecutar sus sentencias, sin perjuicio de las
facultades atribuidas por esta Ley a las Comunidades
Autónomas respecto a la protección y reforma de menores.
2. Los Jueces de Menores serán asimismo
competentes para resolver sobre las responsabilidades civiles
derivadas de los hechos cometidos por las personas a
las que resulta aplicable la presente Ley.
3. La competencia corresponde al Juez de Menores
del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3 de
esta Ley.
Artículo 3. Régimen de los menores de catorce años.
Cuando el autor de los hechos mencionados en los
artículos anteriores sea menor de catorce años, no se
le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley,
sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre
protección de menores previstas en el Código Civil y
demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá
remitir a la entidad pública de protección de menores
testimonio de los particulares que considere precisos
respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha
entidad habrá de promover las medidas de protección
adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
Artículo 4. Régimen de los mayores de dieciocho años.
1. De conformidad con lo establecido en el
artículo 69 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, la presente Ley se aplicará a las
personas mayores de dieciocho años y menores de veintiuno
imputadas en la comisión de hechos delictivos, cuando
el Juez de Instrucción competente, oídos el Ministerio
Fiscal, el letrado del imputado y el equipo técnico a que
se refiere el artículo 27 de esta Ley, así lo declare
expresamente mediante auto.
2. Serán condiciones necesarias para la aplicación
de lo dispuesto en el apartado anterior las siguientes:
1.a Que el imputado hubiere cometido una falta, o
un delito menos grave sin violencia o intimidación en
las personas ni grave peligro para la vida o la integridad
física de las mismas, tipificados en el Código Penal o
en las leyes penales especiales.
2.a Que no haya sido condenado en sentencia firme
por hechos delictivos cometidos una vez cumplidos los
dieciocho años. A tal efecto no se tendrán en cuenta
las anteriores condenas por delitos o faltas imprudentes
ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados,
o que debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 136 del Código Penal.
3.a Que las circunstancias personales del imputado
y su grado de madurez aconsejen la aplicación de la
presente Ley, especialmente cuando así lo haya
recomendado el equipo técnico en su informe.
3. Contra el auto que resuelva lo indicado en los
apartados anteriores, cabrá recurso de apelación en el
plazo de tres días, del que conocerá la Sala de Menores
del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, sin
previo recurso de reforma. La apelación se sustanciará
conforme al régimen general establecido en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
Del mencionado auto, una vez firme, se dará traslado
al Ministerio Fiscal para la tramitación del procedimiento
previsto en la presente Ley.
Artículo 5. Bases de la responsabilidad de los menores.
1. Los menores serán responsables con arreglo a
esta Ley cuando hayan cometido los hechos a los que
se refiere el artículo 1 y no concurra en ellos ninguna
de las causas de exención o extinción de la
responsabilidad criminal previstas en el vigente Código Penal.
2. No obstante lo anterior, a los menores en quienes
concurran las circunstancias previstas en los números
1.o, 2.o y 3.o del artículo 20 del vigente Código Penal
les serán aplicables, en caso necesario, las medidas
terapéuticas a las que se refiere el artículo 7.1, letras d)
y e), de la presente Ley.
3. Las edades indicadas en el articulado de esta
Ley se han de entender siempre referidas al momento
de la comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado
las mismas antes del comienzo del procedimiento o
durante la tramitación del mismo tenga incidencia alguna
sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a
los Jueces y Fiscales de Menores.
Artículo 6. De la intervención del Ministerio Fiscal.
Corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los
derechos que a los menores reconocen las leyes, así
como la vigilancia de las actuaciones que deban
efectuarse en su interés y la observancia de las garantías
del procedimiento, para lo cual dirigirá personalmente
la investigación de los hechos y ordenará que la policía
judicial practique las actuaciones necesarias para la
comprobación de aquéllos y de la participación del menor
en los mismos, impulsando el procedimiento.
TÍTULO II
De las medidas
Artículo 7. Enumeración de las medidas susceptibles
de ser impuestas a los menores.
1. Las medidas que pueden imponer los Jueces de
Menores, ordenadas según la restricción de derechos
que suponen, son las siguientes:
a) Internamiento en régimen cerrado. Las personas
sometidas a esta medida residirán en el centro y
desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas,
laborales y de ocio.
b) Internamiento en régimen semiabierto. Las
personas sometidas a esta medida residirán en el centro,
pero realizarán fuera del mismo actividades formativas,
educativas, laborales y de ocio.
c) Internamiento en régimen abierto. Las personas
sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las
actividades del proyecto educativo en los servicios
normalizados del entorno, residiendo en el centro como
domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno
del mismo.
d) Internamiento terapéutico. En los centros de esta
naturaleza se realizará una atención educativa
especializada o tratamiento específico dirigido a personas que
padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado
de dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o
sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción
que determinen una alteración grave de la conciencia
de la realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como
complemento de otra medida prevista en este artículo.
Cuando el interesado rechace un tratamiento de
deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida
adecuada a sus circunstancias.
e) Tratamiento ambulatorio. Las personas
sometidas a esta medida habrán de asistir al centro designado
con la periodicidad requerida por los facultativos que
las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado
tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción
al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o
sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción
que padezcan. Esta medida podrá aplicarse sola o como
complemento de otra medida prevista en este artículo.
Cuando el interesado rechace un tratamiento de
deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida
adecuada a sus circunstancias.
f) Asistencia a un centro de día. Las personas
sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual
y acudirán a un centro, plenamente integrado en la
comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas,
formativas, laborales o de ocio.
g) Permanencia de fin de semana. Las personas
sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio
o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas
entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo,
a excepción del tiempo que deban dedicar a las tareas
socio-educativas asignadas por el Juez.
h) Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer
un seguimiento de la actividad de la persona sometida
a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro
de formación profesional o al lugar de trabajo, según
los casos, procurando ayudar a aquélla a superar los
factores que determinaron la infracción cometida.
Asimismo, esta medida obliga, en su caso, a seguir las
pautas socio-educativas que señale la entidad pública o el
profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo
con el programa de intervención elaborado al efecto y
aprobado por el Juez de Menores. La persona sometida
a la medida también queda obligada a mantener con
dicho profesional las entrevistas establecidas en el
programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta
impuestas por el Juez, que podrán ser alguna o algunas
de las siguientes:
1.a Obligación de asistir con regularidad al centro
docente correspondiente, si el interesado está en el
período de la enseñanza básica obligatoria, y acreditar ante
el Juez dicha asistencia regular o justificar en su caso
las ausencias, cuantas veces fuere requerido para ello.
2.a Obligación de someterse a programas de tipo
formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de
educación sexual, de educación vial u otros similares.
3.a Prohibición de acudir a determinados lugares,
establecimientos o espectáculos.
4.a Prohibición de ausentarse del lugar de residencia
sin autorización judicial previa.
5.a Obligación de residir en un lugar determinado.
6.a Obligación de comparecer personalmente ante
el Juzgado de Menores o profesional que se designe,
para informar de las actividades realizadas y justificarlas.
7.a Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de
oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime
convenientes para la reinserción social del sentenciado,
siempre que no atenten contra su dignidad como
persona.
i) Convivencia con otra persona, familia o grupo
educativo. La persona sometida a esta medida debe convivir,
durante el período de tiempo establecido por el Juez,
con otra persona, con una familia distinta a la suya o
con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados
para orientar a aquélla en su proceso de socialización.
j) Prestaciones en beneficio de la comunidad. La
persona sometida a esta medida, que no podrá
imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las actividades
no retribuidas que se le indiquen, de interés social o
en beneficio de personas en situación de precariedad.
Se buscará relacionar la naturaleza de dichas actividades
con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los
hechos cometidos por el menor.
k) Realización de tareas socio-educativas. La
persona sometida a esta medida ha de realizar, sin
internamiento ni libertad vigilada, actividades específicas de
contenido educativo encaminadas a facilitarle el
desarrollo de su competencia social.
l) Amonestación. Esta medida consiste en la
reprensión de la persona llevada a cabo por el Juez de Menores
y dirigida a hacerle comprender la gravedad de los
hechos cometidos y las consecuencias que los mismos
han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver
a cometer tales hechos en el futuro.
m) Privación del permiso de conducir ciclomotores
o vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de
las licencias administrativas para caza o para uso de
cualquier tipo de armas. Esta medida podrá imponerse
como accesoria cuando el delito o falta se hubiere
cometido utilizando un ciclomotor o un vehículo a motor, o
un arma, respectivamente.
2. Las medidas de internamiento constarán de dos
períodos: el primero se llevará a cabo en el centro
correspondiente, conforme a la descripción efectuada en el
apartado anterior de este artículo; el segundo se llevará
a cabo en régimen de libertad vigilada, en la modalidad
elegida por el Juez. La duración total no excederá del
tiempo que se expresa en el artículo 9. El equipo técnico
deberá informar respecto del contenido de ambos
períodos, y el Juez expresará la duración de cada uno en
la sentencia.
3. Para la elección de la medida o medidas
adecuadas, tanto por el Ministerio Fiscal y el letrado del
menor en sus postulaciones como por el Juez en la
sentencia, se deberá atender de modo flexible, no sólo a
la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino
especialmente a la edad, las circunstancias familiares y
sociales, la personalidad y el interés del menor, puestos de
manifiesto los dos últimos en los informes de los equipos
técnicos y, en su caso, de las entidades públicas de
protección y reforma de menores emitidos conforme a lo
dispuesto en el artículo 27 de la presente Ley. El Juez
deberá motivar la sentencia, expresando con detalle las
razones por las que aplica una determinada medida, así
como el plazo de duración de la misma, a los efectos
de la valoración del mencionado interés del menor.
Artículo 8. Principio acusatorio.
El Juez de Menores no podrá imponer una medida
que suponga una mayor restricción de derechos ni por
un tiempo superior a la medida solicitada por el
Ministerio Fiscal.
Tampoco podrá exceder la duración de las medidas
privativas de libertad contempladas en el artículo 7.1.a),
b), c), d) y g), en ningún caso, del tiempo que hubiera
durado la pena privativa de libertad que se le hubiere
impuesto por el mismo hecho, si el sujeto, de haber
sido mayor de edad, hubiera sido declarado responsable,
de acuerdo con el Código Penal.
Artículo 9. Reglas para la aplicación de las medidas.
No obstante lo establecido en el artículo 7.3, la
aplicación de las medidas se atendrá a las siguientes reglas:
1.a Cuando los hechos cometidos sean calificados
de falta, sólo se podrán imponer las medidas de
amonestación, permanencia de fin de semana hasta un
máximo de cuatro fines de semana, prestaciones en beneficio
de la comunidad hasta cincuenta horas, y privación del
permiso de conducir o de otras licencias administrativas.
2.a La medida de internamiento en régimen cerrado
sólo podrá ser aplicable cuando en la descripción y
calificación jurídica de los hechos se establezca que en su
comisión se ha empleado violencia o intimidación en
las personas o actuado con grave riesgo para la vida
o la integridad física de las mismas.
3.a La duración de las medidas no podrá exceder
de dos años, computándose, en su caso, a estos efectos
el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar,
conforme a lo dispuesto en el artículo 28.5 de la presente
Ley. La medida de prestaciones en beneficio de la
comunidad no podrá superar las cien horas. La medida de
permanencia de fin de semana no podrá superar los
ocho fines de semana.
4.a En el caso de personas que hayan cumplido los
dieciséis años en el momento de la comisión de los
hechos, el plazo de duración de las medidas podrá
alcanzar un máximo de cinco años, siempre que el delito haya
sido cometido con violencia o intimidación en las
personas o con grave riesgo para la vida o la integridad
física de las mismas y el equipo técnico en su informe
aconseje la prolongación de la medida. En estos
supuestos, la medida de prestaciones en beneficio de la
comunidad podrá alcanzar las doscientas horas, y la de
permanencia de fin de semana, dieciséis fines de
semana.
5.a Excepcionalmente, cuando los supuestos
previstos en la regla anterior revistieran extrema gravedad,
apreciada expresamente en la sentencia, el Juez habrá
de imponer una medida de internamiento de régimen
cerrado de uno a cinco años de duración,
complementada sucesivamente por otra medida de libertad vigilada
con asistencia educativa hasta un máximo de otros cinco
años. Sólo podrá hacerse uso de lo dispuesto en los
artículos 14 y 51.1 de esta Ley una vez transcurrido
el primer año de cumplimiento efectivo de la medida
de internamiento.
La medida de libertad vigilada deberá ser ratificada
mediante auto motivado, previa audiencia del Ministerio
Fiscal, del letrado del menor y del representante de la
entidad pública de protección o reforma de menores,
al finalizar el internamiento, y se llevará a cabo por las
instituciones públicas encargadas del cumplimiento de
las penas, conforme a lo establecido en el artículo 105.1
del vigente Código Penal.
A los efectos de este artículo, se entenderán
supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se apreciare
reincidencia y, en todo caso, los delitos de terrorismo
y los constitutivos de actos de favorecimiento, apoyo
o reclamo de la actividad de bandas, organizaciones o
grupos terroristas, así como los de asesinato u homicidio
doloso, y la agresión sexual contemplada en los
artículos 179 y 180 del Código Penal.
6.a Las acciones u omisiones imprudentes no
podrán ser sancionadas con medidas de internamiento
en régimen cerrado.
7.a Cuando en la postulación del Ministerio Fiscal
o en la resolución dictada en el procedimiento se
aprecien algunas de las circunstancias a las que se refiere
el artículo 5.2 de esta Ley, sólo podrán aplicarse las
medidas terapéuticas descritas en el artículo 7.1, letras d)
y e) de la misma.
Artículo 10. De la prescripción.
1. Los hechos delictivos cometidos por los menores
prescriben:
1.o A los cinco años, cuando se trate de un delito
grave sancionado en el Código Penal con pena superior
a diez años.
2.o A los tres años, cuando se trate de cualquier
otro delito grave.
3.o Al año, cuando se trate de un delito menos
grave.
4.o A los tres meses, cuando se trate de una falta.
2. Las medidas que tengan un plazo superior a los
dos años prescribirán a los tres años. Las restantes
medidas prescribirán a los dos años, excepto la amonestación,
las prestaciones en beneficio de la comunidad y el arresto
con tareas de fin de semana, que prescribirán al año.
3. Los hechos delictivos cometidos por mayores de
dieciocho años y menores de veintiuno prescribirán con
arreglo a las normas contenidas en el Código Penal.
Artículo 11. Concurso de infracciones.
1. Al menor responsable de una pluralidad de
hechos se le impondrá una o varias medidas, teniendo
en cuenta los criterios expresados en los artículos 7.3
y 9 de la presente Ley.
2. Sin embargo, cuando una misma conducta sea
constitutiva de dos o mas infracciones, o una conducta
sea medio necesario para la comisión de otra, se tendrá
en cuenta exclusivamente la más grave de ellas para
la aplicación de la medida correspondiente.
Artículo 12. Infracción continuada o con pluralidad de
víctimas.
En los supuestos de infracción continuada o de una
sola infracción con pluralidad de víctimas, el Juez
impondrá a la persona sentenciada una sola medida, tomando
como referencia el más grave de los hechos cometidos,
en la máxima extensión de aquélla conforme a las reglas
del artículo 9, salvo cuando el interés del menor aconseje
la imposición de la medida en una extensión inferior.
Artículo 13. Imposición de varias medidas.
Cuando a la persona sentenciada se le impusieren
varias medidas en el mismo procedimiento y no pudieran
ser cumplidas simultáneamente, el Juez, a propuesta del
Ministerio Fiscal y del letrado del menor, oídos el
representante del equipo técnico y la entidad pública de
protección o reforma de menores, podrá sustituir todas o
alguna de ellas, o establecer su cumplimiento sucesivo,
sin que en este caso el plazo total de cumplimiento pueda
superar el doble del tiempo por el que se le impusiere
la más grave de ellas.
Artículo 14. Modificación de la medida impuesta.
1. El Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal
o del letrado del menor, previa audiencia de éstos e
informe del equipo técnico y, en su caso, de la entidad
pública de protección o reforma de menores, podrá en
cualquier momento dejar sin efecto la medida impuesta,
reducir su duración o sustituirla por otra, siempre que
la modificación redunde en el interés del menor y se
exprese suficientemente a éste el reproche merecido
por su conducta.
2. En los casos anteriores, el Juez resolverá por auto
motivado, contra el cual se podrán interponer los
recursos previstos en la presente Ley.
Artículo 15. Mayoría de edad del condenado.
Cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una
medida de las establecidas en esta Ley alcanzase la
mayoría de edad, continuará el cumplimiento de la
medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la
sentencia en que se le impuso conforme a los criterios
expresados en los artículos anteriores.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, cuando
las medidas de internamiento sean impuestas a quien
haya cumplido veintitrés años de edad o, habiendo sido
impuestas, no haya finalizado su cumplimiento al
alcanzar el joven dicha edad, el Juez de Menores, oído el
Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 14 y 51 de la presente Ley, ordenará su cumplimiento
en centro penitenciario conforme al régimen ordinario
previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria.
TÍTULO III
De la instrucción del procedimiento
CAPÍTULO I
Reglas generales
Artículo 16. Incoación del expediente.
1. Corresponde al Ministerio Fiscal la instrucción de
los procedimientos por los hechos a los que se refiere
el artículo 1 de esta Ley.
2. Quienes tuvieren noticia de algún hecho de los
indicados en el apartado anterior, presuntamente
cometido por un menor de dieciocho años, deberán ponerlo
en conocimiento del Ministerio Fiscal, el cual admitirá
o no a trámite la denuncia, según que los hechos sean o
no indiciariamente constitutivos de delito; custodiará las
piezas, documentos y efectos que le hayan sido
remitidos, y practicará, en su caso, las diligencias que estime
pertinentes para la comprobación del hecho y de la
responsabilidad del menor en su comisión, pudiendo
resolver el archivo de las actuaciones cuando los hechos no
constituyan delito o no tengan autor conocido. La
resolución recaída sobre la denuncia deberá notificarse a
quienes hubieran formulado la misma.
3. Una vez efectuadas las actuaciones indicadas en
el apartado anterior, el Ministerio Fiscal dará cuenta de
la incoación del expediente al Juez de Menores, quien
iniciará las diligencias de trámite correspondientes.
4. El Juez de Menores abrirá al propio tiempo la
pieza separada de responsabilidad civil, que se tramitará
conforme a lo establecido en las reglas del artículo 64
de esta Ley.
5. Cuando los hechos mencionados en el artículo 1
hubiesen sido cometidos conjuntamente por mayores
de edad penal y por personas de las edades indicadas
en el mismo artículo 1 y en el 4 de esta Ley, en sus
respectivos casos, el Juez de Instrucción competente
para el conocimiento de la causa, tan pronto como
compruebe la edad de los imputados, adoptará las medidas
necesarias para asegurar el éxito de la actividad
investigadora respecto de los mayores de edad y ordenará
remitir testimonio de los particulares precisos al
Ministerio Fiscal, a los efectos prevenidos en el apartado 2
de este artículo.
Artículo 17. Detención de los menores.
1. Las autoridades y funcionarios que intervengan
en la detención de un menor deberán practicarla en la
forma que menos perjudique a éste y estarán obligados
a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de
forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de
las razones de su detención y de los derechos que le
asisten, especialmente los reconocidos en el artículo 520
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como a
garantizar el respeto de los mismos. También deberán notificar
inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de
la custodia a los representantes legales del menor y al
Ministerio Fiscal. Si el menor detenido fuera extranjero,
el hecho de la detención se notificará a las
correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera
su residencia habitual fuera de España o cuando así lo
solicitaran el propio menor o sus representantes legales.
2. Toda declaración del detenido, se llevará a cabo
en presencia de su letrado y de aquéllos que ejerzan
la patria potestad, tutela o guarda del menor -de hecho
o de derecho-, salvo que, en este último caso, las
circunstancias aconsejen lo contrario. En defecto de estos
últimos la declaración se llevará a cabo en presencia
del Ministerio Fiscal, representado por persona distinta
del instructor del expediente.
3. Mientras dure la detención, los menores deberán
hallarse custodiados en dependencias adecuadas y
separadas de las que se utilicen para los mayores de edad,
y recibirán los cuidados, protección y asistencia social,
psicológica, médica y física que requieran, habida cuenta
de su edad, sexo y características individuales.
4. La detención de un menor por funcionarios de
policía no podrá durar más tiempo del
estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones
tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo
caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas,
el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a
disposición del Ministerio Fiscal. Se aplicará, en su caso,
lo dispuesto en el artículo 520 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia para las
resoluciones judiciales previstas en dicho precepto al
Juez de Menores.
5. Cuando el detenido sea puesto a disposición del
Ministerio Fiscal, éste habrá de resolver, dentro de las
cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre
la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento
al que se refiere el artículo siguiente, o sobre la incoación
del expediente, poniendo a aquél a disposición del Juez
de Menores competente e instando del mismo las
oportunas medidas cautelares, con arreglo a lo establecido
en el artículo 28.
6. El Juez competente para el procedimiento de
hábeas corpus en relación a un menor será el Juez de
Instrucción del lugar en el que se encuentre el menor
privado de libertad; si no constare, el del lugar donde
se produjo la detención, y, en defecto de los anteriores,
el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias
sobre el paradero del menor detenido.
Cuando el procedimiento de hábeas corpus sea
instado por el propio menor, la fuerza pública responsable
de la detención lo notificará inmediatamente al
Ministerio Fiscal, además de dar curso al procedimiento
conforme a la ley orgánica reguladora.
Artículo 18. Desistimiento de la incoación del
expediente por corrección en el ámbito educativo y
familiar.
El Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación del
expediente cuando los hechos denunciados constituyan
delitos menos graves sin violencia o intimidación en las
personas, o faltas, tipificados en el Código Penal o en
las leyes penales especiales. En tal caso, el Ministerio
Fiscal dará traslado de lo actuado a la entidad pública
de protección de menores para la aplicación de lo
establecido en el artículo 3 de la presente Ley. Lo dispuesto
en este apartado se entenderá sin perjuicio de la
tra
mitación de la correspondiente pieza de responsabilidad
civil.
No obstante, cuando conste que el menor ha
cometido con anterioridad otros hechos de la misma
naturaleza, el Ministerio Fiscal deberá incoar el expediente
y, en su caso, actuar conforme autoriza el artículo 27.4
de la presente Ley.
Artículo 19. Sobreseimiento del expediente por
conciliación o reparación entre el menor y la víctima.
1. También podrá el Ministerio Fiscal desistir de la
continuación del expediente, atendiendo a la gravedad
y circunstancias de los hechos y del menor, de modo
particular a la falta de violencia o intimidación graves
en la comisión de los hechos, y a la circunstancia de
que además el menor se haya conciliado con la víctima
o haya asumido el compromiso de reparar el daño
causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se
haya comprometido a cumplir la actividad educativa
propuesta por el equipo técnico en su informe.
El desistimiento en la continuación del expediente
sólo será posible cuando el hecho imputado al menor
constituya delito menos grave o falta.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior,
se entenderá producida la conciliación cuando el menor
reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima,
y ésta acepte sus disculpas, y se entenderá por
reparación el compromiso asumido por el menor con la
víctima o perjudicado de realizar determinadas acciones
en beneficio de aquéllos o de la comunidad, seguido
de su realización efectiva. Todo ello sin perjuicio del
acuerdo al que hayan llegado las partes en relación al
ejercicio de la acción por responsabilidad civil derivada
del delito o falta, regulada en esta Ley.
3. El correspondiente equipo técnico realizará las
funciones de mediación entre el menor y la víctima o
perjudicado, a los efectos indicados en los apartados
anteriores, e informará al Ministerio Fiscal de los
compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento.
4. Una vez producida la conciliación o cumplidos
los compromisos de reparación asumidos con la víctima
o perjudicado por el delito o falta cometido, o cuando
una u otros no pudieran llevarse a efecto por causas
ajenas a la voluntad del menor, el Ministerio Fiscal dará
por concluida la instrucción y solicitará del Juez el
sobreseimiento y archivo de las actuaciones, con remisión
de lo actuado.
5. En el caso de que el menor no cumpliera la
reparación o la actividad educativa acordada, el Ministerio
Fiscal continuará la tramitación del expediente.
6. En los casos en los que la víctima del delito o
falta fuere menor de edad o incapaz, el compromiso
al que se refiere el presente artículo habrá de ser asumido
por el representante legal de la misma, con la aprobación
del Juez de Menores.
Artículo 20. Unidad de expediente.
1. El Ministerio Fiscal incoará un procedimiento por
cada hecho delictivo, salvo cuando se trate de hechos
delictivos conexos.
2. Todos los procedimientos tramitados a un mismo
menor o joven se archivarán en el expediente personal
que del mismo se haya abierto en la Fiscalía. De igual
modo se archivarán las diligencias en el Juzgado de
Menores respectivo.
3. En los casos en los que los delitos atribuidos al
menor expedientado hubieran sido cometidos en
diferentes territorios, la determinación del órgano judicial
competente para el enjuiciamiento de todos ellos en
unidad de expediente, así como de las entidades públicas
competentes para la ejecución de las medidas que se
apliquen, se hará teniendo en cuenta el lugar del
domicilio del menor y, subsidiariamente, los criterios
expresados en el artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Artículo 21. Remisión al órgano competente.
Cuando el conocimiento de los hechos no
corresponda a la competencia de los Juzgados de Menores, el
Fiscal acordará la remisión de lo actuado al órgano
legalmente competente.
Artículo 22. De la incoación del expediente.
1. Desde el mismo momento de la incoación del
expediente, el menor tendrá derecho a:
a) Ser informado por el Juez, el Ministerio Fiscal,
o agente de policía de los derechos que le asisten.
b) Designar abogado que le defienda, o a que le
sea designado de oficio y a entrevistarse reservadamente
con él, incluso antes de prestar declaración.
c) Intervenir en las diligencias que se practiquen
durante la investigación preliminar y en el proceso
judicial, y a proponer y solicitar, respectivamente, la práctica
de diligencias.
d) Ser oído por el Juez o Tribunal antes de adoptar
cualquier resolución que le concierna personalmente.
e) La asistencia afectiva y psicológica en cualquier
estado y grado del procedimiento, con la presencia de
los padres o de otra persona que indique el menor, si
el Juez de Menores autoriza su presencia.
f) La asistencia de los servicios del equipo técnico
adscrito al Juzgado de Menores.
2. El expediente será notificado al menor desde el
momento mismo de su incoación, a salvo lo dispuesto
en el artículo 24. A tal fin, el Secretario del Juzgado
de Menores, una vez recibido del Ministerio Fiscal el
parte de incoación del expediente, requerirá al menor
y a sus representantes legales para que designen letrado
en el plazo de tres días, advirtiéndoles que, de no hacerlo,
aquél le será nombrado al menor de oficio de entre los
integrantes del turno de especialistas del
correspondiente Colegio de Abogados.
3. Igualmente, el Ministerio Fiscal notificará a quien
aparezca como perjudicado, desde el momento en que
así conste en la instrucción del expediente, la posibilidad
de ejercer las acciones civiles que le puedan
corresponder, personándose ante el Juez de Menores en la pieza
de responsabilidad civil que se tramitará por el mismo.
Artículo 23. Actuación instructora del Ministerio Fiscal.
1. La actuación instructora del Ministerio Fiscal
tendrá como objeto, tanto valorar la participación del menor
en los hechos para expresarle el reproche que merece
su conducta, como proponer las concretas medidas de
contenido educativo y sancionador adecuadas a las
circunstancias del hecho y de su autor y, sobre todo, al
interés del propio menor valorado en la causa.
2. El Ministerio Fiscal deberá dar vista del expediente
al letrado del menor, en un plazo no superior a veinticuatro
horas, tantas veces como aquél lo solicite.
3. El Ministerio Fiscal no podrá practicar por sí
mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales,
sino que habrá de solicitar del Juzgado la práctica de
las que sean precisas para el buen fin de las
investigaciones. El Juez de Menores resolverá sobre esta
petición por auto motivado. La práctica de tales diligencias
se documentará en pieza separada.
Artículo 24. Secreto del expediente.
El Juez de Menores, a solicitud del Ministerio Fiscal,
del menor o de su familia, y mediante auto motivado,
podrá decretar el secreto del expediente, en su totalidad
o parcialmente, durante toda la instrucción o durante
un período limitado de ésta. No obstante, el letrado del
menor deberá, en todo caso, conocer en su integridad
el expediente al evacuar el trámite de alegaciones. Este
incidente se tramitará por el Juzgado en pieza separada.
Artículo 25. Participación del perjudicado e
inexistencia de acción particular y popular.
En este procedimiento no cabe en ningún caso el
ejercicio de acciones por particulares, salvo lo previsto
en el artículo 61.1 de esta Ley sobre ejercicio de acciones
civiles.
No obstante lo anterior, cuando los hechos tipificados
como delitos se atribuyan a personas que hayan
cumplido los dieciséis años en el momento de la comisión
de los hechos, con violencia o intimidación, o con grave
riesgo para la vida o integridad física de las personas,
el perjudicado podrá personarse en el procedimiento,
tanto en la fase instructora como en la fase de audiencia,
con las siguientes facultades:
Tener vista de lo actuado, siendo notificado de las
diligencias que se soliciten y acuerden.
Proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo
y las circunstancias de su comisión, salvo en lo referente
a la situación psicológica, educativa, familiar y social del
menor.
Participar en la práctica de las pruebas, ya sea en
fase de instrucción, ya sea en fase de audiencia; a estos
efectos el órgano actuante podrá denegar la práctica
de la prueba de careo, si ésta fuera solicitada, cuando
no resulte fundamental para la averiguación de los
hechos o la participación del menor en los mismos.
Contra la denegación por el Fiscal de la personación
del perjudicado en fase instructora, éste podrá reiterar
su petición ante el Juzgado de Menores en el plazo de
cinco días, y contra la denegación de la práctica de una
prueba por el Fiscal no se dará recurso alguno, sin
perjuicio de la posibilidad de volver a solicitarla en el escrito
de alegaciones o en la fase de audiencia.
Asimismo, con carácter previo a la remisión por el
Fiscal del escrito de alegaciones con el expediente al
Juzgado de Menores, el Ministerio Fiscal concederá al
perjudicado que se hubiera personado un plazo de cinco
días para que valore el conjunto de la prueba practicada
y, en su caso, proponga aquellas que debieran realizarse
en la fase de audiencia.
Cuando proceda la celebración de la audiencia, el
Juez invitará al perjudicado personado en la causa a
que manifieste lo que tenga por conveniente sobre la
práctica de nuevas pruebas, y tras ésta se le oirá en
relación a los hechos probados resultantes de las mismas
y a la participación del menor, sin que en ningún caso
pueda realizar manifestación alguna sobre la
procedencia de las medidas propuestas.
Contra los autos y providencias de los Jueces de
Menores que afecten al ejercicio de las facultades
reconocidas en este artículo, se estará a lo dispuesto en
el artículo 41.2.
Contra la sentencia dictada por el Juez de Menores,
el perjudicado podrá interponer recurso de apelación
de acuerdo con lo establecido en el artículo 41.1,
fundamentado en la incompetencia del Juzgado, la
inadecuación del procedimiento, el quebrantamiento de las
formas esenciales del juicio que haya producido
indefensión al perjudicado o la falta de apreciación de algún
elemento de prueba esencial para la calificación de los
hechos, pudiendo, si fuera necesario, solicitar su práctica,
igualmente en los términos prevenidos por el
artículo 41.1.
Artículo 26. Diligencias propuestas por el letrado del
menor.
1. El letrado del menor solicitará del Ministerio Fiscal
la práctica de cuantas diligencias considere necesarias.
El Ministerio Fiscal decidirá sobre su admisión, mediante
resolución motivada que notificará al letrado y pondrá
en conocimiento del Juez de Menores. Con relación a
las diligencias no practicadas, el letrado podrá reproducir
su petición, en cualquier momento, ante el Juzgado de
Menores.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
cuando el letrado proponga que se lleve a efecto la
declaración del menor, el Ministerio Fiscal deberá recibirla
en el expediente, salvo que ya hubiese concluido la
instrucción y el expediente hubiese sido elevado al Juzgado
de Menores.
3. Si las diligencias propuestas por el letrado del
menor afectaren a derechos fundamentales de éste o
de otras personas, el Ministerio Fiscal, de estimar
pertinente la solicitud, se dirigirá al Juez de Menores
conforme a lo dispuesto en el artículo 23.3 de la presente
Ley, sin perjuicio de la facultad del letrado de reproducir
su solicitud ante el Juez de Menores en las condiciones
establecidas en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 27. Informe del equipo técnico.
1. Durante la instrucción del expediente, el
Ministerio Fiscal requerirá del equipo técnico, que a estos
efectos dependerá funcionalmente de aquél sea cual
fuere su dependencia orgánica, la elaboración de un informe
o actualización de los anteriormente emitidos, que
deberá serle entregado en el plazo máximo de diez días,
prorrogable por un período no superior a un mes en
casos de gran complejidad, sobre la situación
psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su
entorno social, y en general sobre cualquier otra
circunstancia relevante a los efectos de la adopción de alguna
de las medidas previstas en la presente Ley.
2. El equipo técnico podrá proponer, asimismo, una
intervención socio-educativa sobre el menor, poniendo
de manifiesto en tal caso aquellos aspectos del mismo
que considere relevantes en orden a dicha intervención.
3. De igual modo, el equipo técnico informará, si lo
considera conveniente y en interés del menor, sobre la
posibilidad de que éste efectúe una actividad reparadora
o de conciliación con la víctima, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 19 de esta Ley, con indicación
expresa del contenido y la finalidad de la mencionada
actividad. En este caso, no será preciso elaborar un
informe de las características y contenidos del apartado 1
de este artículo.
4. Asimismo podrá el equipo técnico proponer en
su informe la conveniencia de no continuar la tramitación
del expediente en interés del menor, por haber sido
expresado suficientemente el reproche al mismo a través
de los trámites ya practicados, o por considerar
inadecuada para el interés del menor cualquier intervención,
dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los
hechos. En estos casos, si se reunieran los requisitos
previstos en el artículo 19.1 de esta Ley, el Ministerio
Fiscal podrá remitir el expediente al Juez con propuesta
de sobreseimiento, remitiendo además, en su caso,
testimonio de lo actuado a la entidad pública de protección
de menores que corresponda, a los efectos de que actúe
en protección del menor.
5. En todo caso, una vez elaborado el informe del
equipo técnico, el Ministerio Fiscal lo remitirá
inmediatamente al Juez de Menores y dará copia del mismo
al letrado del menor.
6. El informe al que se refiere el presente artículo
podrá ser elaborado o complementado por aquellas
entidades públicas o privadas que trabajen en el ámbito
de la educación de menores y conozcan la situación
del menor expedientado.
CAPÍTULO II
De las medidas cautelares
Artículo 28. Reglas generales.
1. El Ministerio Fiscal, cuando existan indicios
racionales de la comisión de un delito o el riesgo de eludir
u obstruir la acción de la justicia por parte del menor,
podrá solicitar del Juez de Menores, en cualquier
momento, la adopción de medidas cautelares para la
custodia y defensa del menor expedientado. Dichas
medidas podrán consistir en internamiento en centro,
en el régimen adecuado, libertad vigilada o convivencia
con otra persona, familia o grupo educativo. El Juez,
oído el letrado del menor, así como el equipo técnico
y la representación de la entidad pública de protección
o reforma de menores, que informarán especialmente
sobre la naturaleza de la medida cautelar, resolverá sobre
lo propuesto tomando en especial consideración el
interés del menor. La medida cautelar adoptada podrá
mantenerse hasta el momento de la celebración de la
audiencia prevista en los artículos 31 y siguientes de esta Ley
o durante la sustanciación de los eventuales recursos.
2. Para la adopción de la medida cautelar de
internamiento se atenderá a la gravedad de los hechos, su
repercusión y la alarma social producida, valorando
siempre las circunstancias personales y sociales del menor.
El Juez de Menores resolverá sobre la propuesta del
Ministerio Fiscal en una comparecencia a la que asistirán
también el letrado del menor y el representante del
equipo técnico y el de la entidad pública de protección o
reforma de menores, los cuales informarán al Juez sobre
la conveniencia de la adopción de la medida solicitada,
desde la perspectiva del interés del menor y de su
situación procesal.
En dicha comparecencia el Ministerio Fiscal y el
letrado del menor podrán proponer los medios de prueba
que puedan practicarse en el acto o dentro de las
veinticuatro horas siguientes.
3. El tiempo máximo de duración de la medida
cautelar de internamiento será de tres meses, y podrá
prorrogarse, a instancia del Ministerio Fiscal y mediante auto
motivado, por otros tres meses como máximo.
4. Las medidas cautelares se documentarán en el
Juzgado de Menores en pieza separada del expediente.
5. El tiempo de cumplimiento de las medidas
cautelares se abonará en su integridad para el cumplimiento
de las medidas que se puedan imponer en la misma
causa o, en su defecto, en otras causas que hayan tenido
por objeto hechos anteriores a la adopción de aquéllas.
El Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal y oídos el
letrado del menor y el equipo técnico que informó la medida
cautelar, ordenará que se tenga por ejecutada la medida
impuesta en aquella parte que estime razonablemente
compensada por la medida cautelar.
Artículo 29. Medidas cautelares en los casos de
exención de la responsabilidad.
Si en el transcurso de la instrucción que realice el
Ministerio Fiscal quedara suficientemente acreditado
que el menor se encuentra en situación de enajenación
mental o en cualquiera otra de las circunstancias
previstas en los apartados 1.o, 2.o ó 3.o del artículo 20
del Código Penal vigente, se adoptarán las medidas
cautelares precisas para la protección y custodia del menor
conforme a los preceptos civiles aplicables, instando en
su caso las actuaciones para la incapacitación del menor
y la constitución de los organismos tutelares conforme a
derecho, sin perjuicio todo ello de concluir la instrucción
y de efectuar las alegaciones previstas en esta Ley
conforme a lo que establecen sus artículos 5.2 y 9, y de
solicitar, por los trámites de la misma, en su caso, alguna
medida terapéutica adecuada al interés del menor de
entre las previstas en esta Ley.
CAPÍTULO III
De la conclusión de la instrucción
Artículo 30. Remisión del expediente al Juez de Menores.
1. Acabada la instrucción, el Ministerio Fiscal
resolverá la conclusión del expediente, notificándosela al
letrado del menor, y remitirá al Juzgado de Menores el
expediente, junto con las piezas de convicción y demás
efectos que pudieran existir, con un escrito de alegaciones
en el que constará la descripción de los hechos, la
valoración jurídica de los mismos, el grado de participación
del menor, una breve reseña de las circunstancias
personales y sociales de éste, y la proposición de alguna
medida de las previstas en esta Ley con exposición
razonada de los fundamentos jurídicos y educativos que la
aconsejen.
2. En el mismo acto propondrá el Ministerio Fiscal
la prueba de que intente valerse para la defensa de su
pretensión procesal.
3. Asimismo, podrá proponer el Ministerio Fiscal la
participación en el acto de la audiencia de aquellas
personas o representantes de instituciones públicas y
privadas que puedan aportar al proceso elementos
valorativos del interés del menor y de la conveniencia o no
de las medidas solicitadas.
4. El Ministerio Fiscal podrá también solicitar del
Juez de Menores el sobreseimiento de las actuaciones
por alguno de los motivos previstos en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, así como la remisión de los
particulares necesarios a la entidad pública de protección
de menores en su caso.
TÍTULO IV
De la fase de audiencia
Artículo 31. Apertura de la fase de audiencia.
Recibido el escrito de alegaciones con el expediente,
las piezas de convicción, los efectos y demás elementos
procesales remitidos por el Ministerio Fiscal, el Juzgado
de Menores los incorporará a sus diligencias, y
procederá a abrir el trámite de audiencia, para lo cual dará
traslado al letrado del menor del escrito de alegaciones
del Ministerio Fiscal y del testimonio del expediente, a
fin de que en un plazo de cinco días hábiles formule
a su vez escrito de alegaciones comprensivo de los
mismos extremos que el escrito del Ministerio Fiscal y
proponga la prueba que considere pertinente.
Artículo 32. Sentencia de conformidad.
Si el escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal
solicitara la imposición de alguna o algunas de las medidas
previstas en las letras e) a m) del apartado 1 del artículo 7,
y hubiere conformidad del menor y de su letrado, la
cual se expresará en comparecencia ante el Juez de
Menores en los términos del artículo 36, éste dictará
sentencia sin más trámite imponiendo la medida
solicitada.
Artículo 33. Otras decisiones del Juez de Menores.
En los casos no previstos en el artículo anterior, a
la vista de la petición del Ministerio Fiscal y del escrito
de alegaciones del letrado del menor, el Juez adoptará
alguna de las siguientes decisiones:
a) La celebración de la audiencia.
b) El sobreseimiento, mediante auto motivado, de
las actuaciones.
c) El archivo por sobreseimiento de las actuaciones
con remisión de particulares a la entidad pública de
protección de menores correspondiente cuando así se haya
solicitado por el Ministerio Fiscal.
d) La remisión de las actuaciones al Juez
competente, cuando el Juez de Menores considere que no le
corresponde el conocimiento del asunto.
e) Practicar por sí las pruebas propuestas por el
letrado del menor y que hubieran sido denegadas por
el Fiscal durante la instrucción, conforme a lo dispuesto
en el artículo 26.1 de la presente Ley, y que no puedan
celebrarse en el transcurso de la audiencia, siempre que
considere que son relevantes a los efectos del proceso.
Una vez practicadas, dará traslado de los resultados al
Ministerio Fiscal y al letrado del menor, antes de iniciar
las sesiones de la audiencia.
Contra las precedentes resoluciones cabrán los
recursos previstos en esta Ley.
Artículo 34. Pertinencia de pruebas y señalamiento de
la audiencia.
El Juez de Menores, dentro del plazo de cinco días
desde la presentación del escrito de alegaciones del
letrado del menor, o una vez transcurrido el plazo para la
presentación sin que ésta se hubiere efectuado,
acordará, en su caso, lo procedente sobre la pertinencia de
las pruebas propuestas, mediante auto de apertura de
la audiencia, y señalará el día y hora en que deba
comenzar ésta dentro de los diez días siguientes.
Artículo 35. Asistentes y no publicidad de la audiencia.
1. La audiencia se celebrará con asistencia del
Ministerio Fiscal, del perjudicado que, en su caso, se
haya personado, del letrado del menor, de un
representante del equipo técnico que haya evacuado el informe
previsto en el artículo 27 de esta Ley, y del propio menor,
el cual podrá estar acompañado de sus representantes
legales, salvo que el Juez, oídos los citados Ministerio
Fiscal, letrado del menor y representante del equipo
técnico, acuerde lo contrario. También podrá asistir el
representante de la entidad pública de protección o reforma
de menores que haya intervenido en las actuaciones
de la instrucción, cuando el Juez así lo acuerde.
2. El Juez podrá acordar, en interés de la persona
imputada o de la víctima, que las sesiones no sean
públicas y en ningún caso se permitirá que los medios de
comunicación social obtengan o difundan imágenes del
menor ni datos que permitan su identificación.
Artículo 36. Conformidad del menor.
1. El Juez de Menores informará al menor
expedientado, en un lenguaje comprensible y adaptado a
su edad, de las medidas solicitadas por el Ministerio
Fiscal en su escrito de alegaciones, así como de los
hechos y de la causa en que se funden.
2. El Juez seguidamente preguntará al menor si se
declara autor de los hechos y si está de acuerdo con
la medida solicitada por el Ministerio Fiscal. Si mostrase
su conformidad con ambos extremos, oído el letrado
del menor, el Juez podrá dictar resolución de
conformidad. Si el letrado no estuviese de acuerdo con la
conformidad prestada por el propio menor, el Juez resolverá
sobre la continuación o no de la audiencia, razonando
esta decisión en la sentencia.
3. Si el menor estuviere conforme con los hechos
pero no con la medida solicitada, se sustanciará el
trámite de la audiencia sólo en lo relativo a este último
extremo, practicándose la prueba propuesta a fin de
determinar la aplicación de dicha medida o su sustitución
por otra más adecuada al interés del menor y que haya
sido propuesta por alguna de las partes.
Artículo 37. Celebración de la audiencia.
1. Cuando proceda la celebración de la audiencia,
el Juez invitará al Ministerio Fiscal y al letrado del menor
a que manifiesten lo que tengan por conveniente sobre
la práctica de nuevas pruebas o sobre la vulneración
de algún derecho fundamental en la tramitación del
procedimiento, o, en su caso, les pondrá de manifiesto la
posibilidad de aplicar una distinta calificación o una
distinta medida de las que hubieran solicitado.
Seguidamente, el Juez acordará la continuación de la audiencia
o la subsanación del derecho vulnerado, si así procediere.
Si acordara la continuación de la audiencia, el Juez
resolverá en la sentencia sobre los extremos planteados.
2. Seguidamente se iniciará la práctica de la prueba
propuesta y admitida, y la que, previa declaración de
su pertinencia, ofrezcan las partes para su práctica en
el acto, oyéndose asimismo al equipo técnico sobre las
circunstancias del menor. A continuación, el Juez oirá al
Ministerio Fiscal y al letrado del menor sobre la
valoración de la prueba, su calificación jurídica y la
procedencia de las medidas propuestas; sobre este último
punto, se oirá también al equipo técnico. Por último, el Juez
oirá al menor, dejando la causa vista para sentencia.
3. En su caso, en este procedimiento se aplicará
lo dispuesto en la legislación relativa a la protección
de testigos y peritos en causas penales.
4. Si en el transcurso de la audiencia el Juez
considerara, de oficio o a solicitud de las partes, que el
interés del menor aconseja que éste abandone la sala,
podrá acordarlo así motivadamente, ordenando que
continúen las actuaciones hasta que el menor pueda retornar
a aquélla.
TÍTULO V
De la sentencia
Artículo 38. Plazo para dictar sentencia.
Finalizada la audiencia, el Juez de Menores dictará
sentencia sobre los hechos sometidos a debate en un
plazo máximo de cinco días.
Artículo 39. Contenido y registro de la sentencia.
1. La sentencia contendrá todos los requisitos
previstos en la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial y
en ella, valorando las pruebas practicadas, las razones
expuestas por el Ministerio Fiscal y por el letrado del
menor y lo manifestado en su caso por éste, tomando
en consideración las circunstancias y gravedad de los
hechos, así como todos los datos debatidos sobre la
personalidad, situación, necesidades y entorno familiar
y social del menor y la edad de éste en el momento
de dictar la sentencia, resolverá sobre la medida o
medidas propuestas, con indicación expresa de su contenido,
duración y objetivos a alcanzar con las mismas, y será
motivada, consignando expresamente los hechos que
se declaren probados y los medios probatorios de los
que resulte la convicción judicial. También podrá ser
anticipado oralmente el fallo al término de las sesiones de
la audiencia sin perjuicio de su documentación con
arreglo al artículo 248.3 de la citada Ley Orgánica del Poder
Judicial.
2. El Juez, al redactar la sentencia, procurará
expresar sus razonamientos en un lenguaje claro y
comprensible para la edad del menor.
3. Cada Juzgado de Menores llevará un registro de
sentencias en el cual se extenderán y firmarán todas
las definitivas.
Artículo 40. Suspensión de la ejecución del fallo.
1. El Juez de Menores, de oficio o a instancia del
Ministerio Fiscal o del letrado del menor, y oídos en
todo caso éstos, así como el representante del equipo
técnico y de la entidad pública de protección o reforma
de menores, podrá acordar motivadamente la
suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia,
cuando la medida impuesta no sea superior a dos años
de duración, durante un tiempo determinado y hasta
un máximo de dos años. Dicha suspensión se acordará
en la propia sentencia, o por auto motivado cuando
aquélla sea firme, debiendo expresar, en todo caso, las
condiciones de la misma.
2. Las condiciones a las que estará sometida la
suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia
dictada por el Juez de Menores serán las siguientes:
a) No ser condenado en sentencia firme por delito
cometido durante el tiempo que dure la suspensión, si
ha alcanzado la mayoría de edad, o no serle aplicada
medida en sentencia firme en procedimiento regulado
por esta Ley durante el tiempo que dure la suspensión.
b) Que el menor asuma el compromiso de mostrar
una actitud y disposición de reintegrarse a la sociedad,
no incurriendo en nuevas infracciones.
c) Además, el Juez puede establecer la aplicación
de un régimen de libertad vigilada durante el plazo de
suspensión o la obligación de realizar una actividad
socio-educativa, recomendada por el equipo técnico o
la entidad pública de protección o reforma de menores
en el precedente trámite de audiencia, incluso con
compromiso de participación de los padres, tutores o
guardadores del menor, expresando la naturaleza y el plazo
en que aquella actividad deberá llevarse a cabo.
3. Si las condiciones expresadas en el apartado
anterior no se cumplieran, el Juez alzará la suspensión
y se procederá a ejecutar la sentencia en todos sus
extremos. Contra la resolución que así lo acuerde se podrán
interponer los recursos previstos en esta Ley.
TÍTULO VI
Del régimen de recursos
Artículo 41. Recursos de apelación y reforma.
1. Contra la sentencia dictada por el Juez de
Menores en el procedimiento regulado en esta Ley cabe recurso
de apelación ante la Sala de Menores del correspondiente
Tribunal Superior de Justicia, que se interpondrá ante
el Juez que dictó aquélla en el plazo de cinco días a
contar desde su notificación, y se resolverá previa
celebración de vista pública, salvo que en interés de la
persona imputada o de la víctima, el Juez acuerde que se
celebre a puerta cerrada. A la vista deberán asistir las
partes y, si el Tribunal lo considera oportuno, el
representante del equipo técnico y el representante de la
entidad pública de protección o reforma de menores que
hayan intervenido en el caso concreto. El recurrente
podrá solicitar de la Sala la práctica de la prueba que,
propuesta y admitida en la instancia, no se hubiera
celebrado, conforme a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
2. Contra los autos y providencias de los Jueces
de Menores cabe recurso de reforma ante el propio
órgano, que se interpondrá en el plazo de tres días a partir
de la notificación. El auto que resuelva la impugnación
de la providencia será susceptible de recurso de
apelación.
3. Contra los autos que pongan fin al
procedimiento o resuelvan el incidente de los artículos 14, 28, 29
y 40 de esta Ley, cabe recurso de apelación ante la
Sala de Menores del Tribunal Superior de Justicia por
los trámites que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal
para el procedimiento abreviado.
Artículo 42. Recurso de casación para unificación de
doctrina.
1. Son recurribles en casación, ante la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, las sentencias dictadas en
apelación por las Salas de Menores de los Tribunales
Superiores de Justicia cuando se hubiere impuesto una de
las medidas a las que se refieren las reglas 4.a y 5.a
del artículo 9 de la presente Ley.
2. El recurso tendrá por objeto la unificación de
doctrina con ocasión de sentencias dictadas en apelación
por las mencionadas Salas de Menores de los Tribunales
Superiores de Justicia que fueran contradictorias entre
sí con las de otra u otras Salas de Menores de los
referidos Tribunales Superiores, o con sentencias del Tribunal
Supremo, respecto de hechos y valoraciones de las
circunstancias del menor que, siendo sustancialmente
iguales, hayan dado lugar, sin embargo, a pronunciamientos
distintos.
3. El recurso podrá prepararlo el Ministerio Fiscal o
el letrado del menor que pretenda la indicada unificación
de doctrina dentro de los diez días siguientes a la
notificación de la sentencia de la Sala de Menores del
Tribunal Superior de Justicia, en escrito dirigido a la misma.
4. El escrito de interposición deberá contener una
relación precisa y circunstanciada de la contradicción
alegada, con designación de las sentencias aludidas y
de los informes en que se funde el interés del menor
valorado en la sentencia.
5. Acreditados los requisitos a los que se refiere
el apartado anterior, la Sala de Menores del Tribunal
Superior de Justicia ante quien se haya interpuesto el
recurso requerirá testimonio de las sentencias citadas
a los Tribunales que las dictaron, y en un plazo de diez
días remitirá la documentación a la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, emplazando al recurrente y al
Ministerio Fiscal, si no lo fuera, ante dicha Sala.
6. Cuando la parte recurrente hubiese incumplido
de modo manifiesto e insubsanable a criterio del Tribunal
Supremo los requisitos establecidos para el recurso o
cuando la pretensión carezca de contenido casacional,
el Magistrado ponente dará cuenta a la Sala de la causa
de inadmisión y aquélla acordará oír al recurrente y al
Ministerio Fiscal, cuando éste no hubiera interpuesto el
recurso, por plazo de tres días, dictando seguidamente
auto contra el que no cabrá recurso alguno.
7. La Sala Segunda del Tribunal Supremo,
constituida en forma ordinaria, convocará a la parte recurrente,
y en todo caso al Ministerio Fiscal, a una vista oral, en
la que oirá las alegaciones que se efectúen y podrá
solicitar informe a la entidad pública de protección o reforma
de menores del territorio donde ejerza su jurisdicción
el Juzgado que dictó la resolución impugnada, y, en su
caso, a aquella a la que corresponda la ejecución de
la misma, dictando seguidamente la sentencia de
casación del modo y con los efectos señalados en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
8. También, y en unificación de doctrina y por los
mismos trámites, el Ministerio Fiscal podrá recurrir en
casación, los autos definitivos dictados por las Salas de
Menores de los Tribunales Superiores de Justicia, al
resolver los recursos contra las resoluciones de los
Jueces de Instrucción dictadas en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 4 de la presente Ley Orgánica.
TÍTULO VII
De la ejecución de las medidas
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 43. Principio de legalidad.
1. No podrá ejecutarse ninguna de las medidas
establecidas en esta Ley sino en virtud de sentencia firme
dictada de acuerdo con el procedimiento regulado en
la misma.
2. Tampoco podrán ejecutarse dichas medidas en
otra forma que la prescrita en esta Ley y en los
reglamentos que la desarrollen.
Artículo 44. Competencia judicial.
1. La ejecución de las medidas previstas en esta
Ley se realizará bajo el control del Juez de Menores
que haya dictado la sentencia correspondiente, el cual
resolverá por auto motivado, oídos el Ministerio Fiscal,
el letrado del menor y la representación de la entidad
pública que ejecute aquélla, sobre las incidencias que
se puedan producir durante su transcurso.
2. Para ejercer el control de la ejecución,
corresponden especialmente al Juez de Menores, de oficio o
a instancia del Ministerio Fiscal o del letrado del menor,
las funciones siguientes:
a) Adoptar todas las decisiones que sean necesarias
para proceder a la ejecución efectiva de las medidas
impuestas.
b) Resolver las propuestas de revisión de las
medidas a que se refiere el artículo 14 de esta Ley.
c) Aprobar los programas de ejecución de las
medidas.
d) Conocer de la evolución de los menores durante
el cumplimiento de las medidas a través de los informes
de seguimiento de las mismas.
e) Resolver los recursos que se interpongan contra
las resoluciones dictadas para la ejecución de las
medidas, conforme establece el artículo 52 de esta Ley.
f) Acordar lo que proceda en relación a las peticiones
o quejas que puedan plantear los menores sancionados
sobre el régimen, el tratamiento o cualquier otra
circunstancia que pueda afectar a sus derechos fundamentales.
g) Realizar regularmente visitas a los centros y
entrevistas con los menores.
h) Formular a la entidad pública de protección o
reforma de menores correspondiente las propuestas y
recomendaciones que considere oportunas en relación
con la organización y el régimen de ejecución de las
medidas.
i) Adoptar las resoluciones que, en relación con el
régimen disciplinario, les atribuye el artículo 60 de esta
Ley.
Artículo 45. Competencia administrativa.
1. La ejecución de las medidas adoptadas por los
Jueces de Menores en sus sentencias firmes es
competencia de las Comunidades Autónomas y de las
Ciudades de Ceuta y Melilla, con arreglo a la disposición
final vigésima segunda de la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Dichas
entidades públicas llevarán a cabo, de acuerdo con sus
respectivas normas de organización, la creación,
dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones
y programas adecuados para garantizar la correcta
ejecución de las medidas previstas en esta Ley.
2. La ejecución de las medidas corresponderá a las
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla,
donde se ubique el Juzgado de Menores que haya
dictado la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo siguiente.
3. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de
Ceuta y Melilla podrán establecer los convenios o
acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien
sean públicas, de la Administración del Estado, Local
o de otras Comunidades Autónomas, o privadas sin
ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su
competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello
suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y
responsabilidad derivada de dicha ejecución.
CAPÍTULO II
Reglas para la ejecución de las medidas
Artículo 46. Liquidación de la medida y traslado del
menor a un centro.
1. Una vez firme la sentencia y aprobado el
programa de ejecución de la medida impuesta, el Secretario
del Juzgado que la hubiere dictado practicará la
liquidación de dicha medida, indicando las fechas de inicio
y de terminación de la misma, con abono en su caso
del tiempo cumplido por las medidas cautelares
impuestas al interesado, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 28.5. Al propio tiempo, abrirá un expediente
de ejecución en el que se harán constar las incidencias
que se produzcan en el desarrollo de aquélla conforme
a lo establecido en la presente Ley.
2. De la liquidación mencionada en el apartado
anterior y del testimonio de particulares que el Juez considere
necesario y que deberá incluir los informes técnicos que
obren en la causa, se dará traslado a la entidad pública
de protección o reforma de menores competente para
el cumplimiento de las medidas acordadas en la
sentencia firme. También se notificará al Ministerio Fiscal
el inicio de la ejecución, y al letrado del menor si así
lo solicitara del Juez de Menores.
3. Recibidos por la entidad pública el testimonio y
la liquidación de la medida indicados en el apartado
anterior, aquélla designará de forma inmediata un
profesional que se responsabilizará de la ejecución de la
medida impuesta, y, si ésta fuera de internamiento,
designará el centro más adecuado para su ejecución de entre
los más cercanos al domicilio del menor en los que
existan plazas disponibles para la ejecución por la entidad
pública competente en cada caso. El traslado a otro
centro distinto de los anteriores sólo se podrá fundamentar
en el interés del menor de ser alejado de su entorno
familiar y social y requerirá en todo caso la aprobación
del Juez de Menores que haya dictado la sentencia.
Artículo 47. Ejecución de varias medidas.
1. Cuando el menor estuviere sometido a varias
medidas, el Juez que hubiere dictado la última sentencia
firme ordenará el cumplimiento de aquéllas de manera
simultánea.
2. Cuando todas o algunas de las medidas
impuestas no puedan ser cumplidas simultáneamente, se
cumplirán sucesivamente, de conformidad con las reglas
siguientes, salvo que el Juez disponga un orden distinto
atendiendo al interés del menor:
1.a Las medidas de internamiento se cumplirán
antes que las medidas no privativas de libertad, y, en
su caso, interrumpirán las que se estuvieren ejecutando
que fueran de esta última naturaleza.
2.a Cuando concurriere el internamiento terapéutico
con otra medida, se impondrá en primer término la
medida de internamiento terapéutico. El Juez suspenderá,
en su caso, el inicio de la ejecución de las medidas
posteriormente impuestas hasta que aquélla finalice o sea
alzada, salvo que se haga uso de la facultad establecida
en el artículo 14 de la presente Ley.
3.a En los supuestos previstos en la regla 5.a del
artículo 9, la medida de libertad vigilada habrá de suceder
a la medida de internamiento en régimen cerrado,
conforme a la dicción del mencionado precepto.
4.a Cuando concurran varias medidas de la misma
naturaleza, se cumplirán por orden cronológico de
firmeza de las respectivas sentencias.
5.a Cuando el joven cumpla medidas previstas por
esta Ley y sea condenado a medidas o penas del Código
Penal, el Juez o Tribunal ordenará el cumplimiento
simultáneo de las mismas, si ello fuera posible. En caso
contrario, la pena de prisión se cumplirá a continuación de
la medida de internamiento que se esté ejecutando, salvo
que el Juez o Tribunal sentenciador, tratándose de una
condena por delitos graves y atendidas las circunstancias
del joven, ordene la inmediata ejecución de la pena de
prisión impuesta.
3. El Juez, previa audiencia de las partes e informe
del equipo técnico, podrá alterar el orden de
cumplimiento previsto en el apartado anterior cuando así lo
hiciere aconsejable el interés del menor.
Artículo 48. Expediente personal de la persona
sometida a la ejecución de una medida.
1. La entidad pública abrirá un expediente personal
único a cada menor respecto del cual tenga
encomendada la ejecución de una medida, en el que se recogerán
los informes relativos a aquél, las resoluciones judiciales
que le afecten y el resto de la documentación generada
durante la ejecución.
2. Dicho expediente tendrá carácter reservado y
solamente tendrán acceso al mismo el Defensor del
Pueblo o institución análoga de la correspondiente
Comunidad Autónoma, los Jueces de Menores competentes,
el Ministerio Fiscal y las personas que intervengan en
la ejecución y estén autorizadas por la entidad pública
de acuerdo con sus normas de organización. El menor,
su letrado y, en su caso, su representante legal, también
tendrán acceso al expediente.
3. La recogida, cesión y tratamiento automatizado
de datos de carácter personal de las personas a las que
se aplique la presente Ley, sólo podrá realizarse en
ficheros informáticos de titularidad pública dependientes de
las entidades públicas de protección de menores,
Administraciones y Juzgados de Menores competentes
o del Ministerio Fiscal, y se regirá por lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Cáracter Personal, y sus normas
de desarrollo.
Artículo 49. Informes sobre la ejecución.
1. La entidad pública remitirá al Juez de Menores
y al Ministerio Fiscal, con la periodicidad que se
establezca reglamentariamente en cada caso y siempre que
fuese requerida para ello o la misma entidad lo
considerase necesario, informes sobre la ejecución de la
medida y sus incidencias, y sobre la evolución personal
de los menores sometidos a las mismas. Dichos informes
se remitirán también al letrado del menor si así lo
solicitare a la entidad pública competente.
2. En los indicados informes la entidad pública
podrá solicitar del Ministerio Fiscal, cuando así lo estime
procedente, la revisión judicial de las medidas en el
sentido propugnado por el artículo 14.1 de la presente Ley.
Artículo 50. Quebrantamiento de la ejecución.
1. Cuando el menor quebrantare una medida
privativa de libertad, se procederá a su reingreso en el
mismo centro del que se hubiera evadido o en otro
adecuado a sus condiciones, o, en caso de permanencia
de fin de semana, en su domicilio, a fin de cumplir de
manera ininterrumpida el tiempo pendiente.
2. Si la medida quebrantada no fuere privativa de
libertad, el Ministerio Fiscal podrá instar del Juez de
Menores la sustitución de aquélla por otra de la misma
naturaleza. Excepcionalmente, y a propuesta del
Ministerio Fiscal, oídos el letrado y el representante legal del
menor, así como el equipo técnico, el Juez de Menores
podrá sustituir la medida por otra de internamiento en
centro semiabierto, por el tiempo que reste para su
cumplimiento.
3. Asimismo, el Juez de Menores remitirá
testimonio de los particulares relativos al quebrantamiento de
la medida al Ministerio Fiscal, por si el hecho fuese
constitutivo de alguna de las infracciones a que se refiere
el artículo 1 de la presente Ley Orgánica y merecedora
de reproche sancionador.
Artículo 51. Sustitución de las medidas.
1. Durante la ejecución de las medidas el Juez de
Menores que las haya impuesto podrá, de oficio o a
instancia del Ministerio Fiscal, del letrado del menor o
de la Administración competente, y oídas las partes, así
como el equipo técnico y la representación de la entidad
pública de protección o reforma de menores, dejar sin
efecto aquéllas o sustituirlas por otras que se estimen
más adecuadas de entre las previstas en esta Ley, por
tiempo igual o inferior al que reste para su cumplimiento.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2
del artículo anterior y de acuerdo con el artículo 14 de
la presente Ley.
2. La conciliación del menor con la víctima, en
cualquier momento en que se produzca el acuerdo entre
ambos a que se refiere el artículo 19 de la presente
Ley, podrá dejar sin efecto la medida impuesta cuando
el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal o del letrado
del menor y oídos el equipo técnico y la representación
de la entidad pública de protección o reforma de
menores, juzgue que dicho acto y el tiempo de duración de
la medida ya cumplido expresan suficientemente el
reproche que merecen los hechos cometidos por el
menor.
3. En todos los casos anteriores, el Juez resolverá
por auto motivado, contra el cual se podrán interponer
los recursos previstos en la presente Ley.
Artículo 52. Presentación de recursos.
1. Cuando el menor pretenda interponer ante el
Juez de Menores recurso contra cualquier resolución
adoptada durante la ejecución de las medidas que le
hayan sido impuestas, lo presentará de forma escrita
ante el Juez o Director del centro de internamiento, quien
lo pondrá en conocimiento de aquél dentro del siguiente
día hábil.
El menor también podrá presentar un recurso ante el
Juez de forma verbal, o manifestar de forma verbal su
intención de recurrir al Director del centro, quien dará
traslado de esta manifestación al Juez de Menores en
el plazo indicado. En este último caso, el Juez de Menores
adoptará las medidas que resulten procedentes a fin
de oír la alegación del menor.
El letrado del menor también podrá interponer los
recursos, en forma escrita, ante las autoridades indicadas
en el párrafo primero.
2. El Juez de Menores recabará informe del
Ministerio Fiscal y resolverá el recurso en el plazo de dos
días, mediante auto motivado. Contra este auto cabrá
recurso de apelación ante la Sala de Menores del
correspondiente Tribunal Superior de Justicia, conforme a lo
dispuesto en el artículo 41 de la presente Ley.
Artículo 53. Cumplimiento de la medida.
1. Una vez cumplida la medida, la entidad pública
remitirá a los destinatarios designados en el artículo 49.1
un informe final, y el Juez de Menores dictará auto
acordando lo que proceda respecto al archivo de la causa.
Dicho auto será notificado al Ministerio Fiscal y al letrado
del menor.
2. El Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal
o del letrado del menor, podrá instar de la
correspondiente entidad pública de protección o reforma de
menores, una vez cumplida la medida impuesta, que se
arbitren los mecanismos de protección del menor conforme
a las normas del Código Civil, cuando el interés de aquél
así lo requiera.
CAPÍTULO III
Reglas especiales para la ejecución de las medidas
privativas de libertad
Artículo 54. Centros para la ejecución de las medidas
privativas de libertad.
1. Las medidas privativas de libertad, la detención
y las medidas cautelares de internamiento que se
impongan de conformidad con esta Ley se ejecutarán en
centros específicos para menores infractores, diferentes de
los previstos en la legislación penitenciaria para la
ejecución de las condenas penales y medidas cautelares
privativas de libertad impuestas a los mayores de edad
penal.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
las medidas de internamiento también podrán ejecutarse
en centros socio-sanitarios cuando la medida impuesta
así lo requiera. En todo caso se requerirá la previa
autorización del Juez de Menores.
3. Los centros estarán divididos en módulos
adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades
sociales de los menores internados y se regirán por una
normativa de funcionamiento interno cuyo cumplimiento
tendrá como finalidad la consecución de una convivencia
ordenada, que permita la ejecución de los diferentes
programas de intervención educativa y las funciones de
custodia de los menores internados.
Artículo 55. Principio de resocialización.
1. Toda la actividad de los centros en los que se
ejecuten medidas de internamiento estará inspirada por
el principio de que el menor internado es sujeto de
derecho y continúa formando parte de la sociedad.
2. En consecuencia, la vida en el centro debe tomar
como referencia la vida en libertad, reduciendo al
máximo los efectos negativos que el internamiento pueda
representar para el menor o para su familia, favoreciendo
los vínculos sociales, el contacto con los familiares y
allegados, y la colaboración y participación de las
entidades públicas y privadas en el proceso de integración
social, especialmente de las más próximas geográfica
y culturalmente.
3. A tal fin se fijarán reglamentariamente los
permisos ordinarios y extraordinarios de los que podrá
disfrutar el menor internado, a fin de mantener contactos
positivos con el exterior y preparar su futura vida en
libertad.
Artículo 56. Derechos de los menores internados.
1. Todos los menores internados tienen derecho a
que se respete su propia personalidad, su libertad
ideológica y religiosa y los derechos e intereses legítimos
no afectados por el contenido de la condena,
especialmente los inherentes a la minoría de edad civil cuando
sea el caso.
2. En consecuencia, se reconocen a los menores
internados los siguientes derechos:
a) Derecho a que la entidad pública de la que
depende el centro vele por su vida, su integridad física y su
salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos
a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de
obra, ni ser objeto de un rigor arbitrario o innecesario
en la aplicación de las normas.
b) Derecho del menor de edad civil a recibir una
educación y formación integral en todos los ámbitos y
a la protección específica que por su condición le
dispensan las leyes.
c) Derecho a que se preserve su dignidad y su
intimidad, a ser designados por su propio nombre y a que
su condición de internados sea estrictamente reservada
frente a terceros.
d) Derecho al ejercicio de los derechos civiles,
políticos, sociales, religiosos, económicos y culturales que
les correspondan, salvo cuando sean incompatibles con
el objeto de la detención o el cumplimiento de la
condena.
e) Derecho a estar en el centro más cercano a su
domicilio, de acuerdo a su régimen de internamiento,
y a no ser trasladados fuera de su Comunidad Autónoma
excepto en los casos y con los requisitos previstos en
esta Ley y sus normas de desarrollo.
f) Derecho a la asistencia sanitaria gratuita, a recibir
la enseñanza básica obligatoria que corresponda a su
edad, cualquiera que sea su situación en el centro, y
a recibir una formación educativa o profesional adecuada
a sus circunstancias.
g) Derecho de los sentenciados a un programa de
tratamiento individualizado y de todos los internados a
participar en las actividades del centro.
h) Derecho a comunicarse libremente con sus
padres, representantes legales, familiares u otras
per
sonas, y a disfrutar de salidas y permisos, con arreglo
a lo dispuesto en esta Ley y sus normas de desarrollo.
i) Derecho a comunicarse reservadamente con sus
letrados, con el Juez de Menores competente, con el
Ministerio Fiscal y con los servicios de Inspección de
centros de internamiento.
j) Derecho a una formación laboral adecuada, a un
trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de
la entidad pública, y a las prestaciones sociales que
pudieran corresponderles, cuando alcancen la edad
legalmente establecida.
k) Derecho a formular peticiones y quejas a la
Dirección del centro, a la entidad pública, a las autoridades
judiciales, al Ministerio Fiscal, al Defensor del Pueblo
o institución análoga de su Comunidad Autónoma y a
presentar todos los recursos legales que prevé esta Ley
ante el Juez de Menores competente, en defensa de
sus derechos e intereses legítimos.
l) Derecho a recibir información personal y
actualizada de sus derechos y obligaciones, de su situación
personal y judicial, de las normas de funcionamiento
interno de los centros que los acojan, así como de los
procedimientos concretos para hacer efectivos tales
derechos, en especial para formular peticiones, quejas
o recursos.
m) Derecho a que sus representantes legales sean
informados sobre su situación y evolución y sobre los
derechos que a ellos les corresponden, con los únicos
límites previstos en esta Ley.
n) Derecho de las menores internadas a tener en
su compañía a sus hijos menores de tres años, en las
condiciones y con los requisitos que se establezcan
reglamentariamente.
Artículo 57. Deberes de los menores internados.
Los menores internados estarán obligados a:
a) Permanecer en el centro a disposición de la
autoridad judicial competente hasta el momento de su puesta
en libertad, sin perjuicio de las salidas y actividades
autorizadas que puedan realizar en el exterior.
b) Recibir la enseñanza básica obligatoria que
legalmente les corresponda.
c) Respetar y cumplir las normas de funcionamiento
interno del centro y las directrices o instrucciones que
reciban del personal de aquél en el ejercicio legítimo
de sus funciones.
d) Colaborar en la consecución de una actividad
ordenada en el interior del centro y mantener una actitud
de respeto y consideración hacia todos, dentro y fuera
del centro, en especial hacia las autoridades, los
trabajadores del centro y los demás menores internados.
e) Utilizar adecuadamente las instalaciones del
centro y los medios materiales que se pongan a su
disposición.
f) Observar las normas higiénicas y sanitarias, y
sobre vestuario y aseo personal establecidas en el centro.
g) Realizar las prestaciones personales obligatorias
previstas en las normas de funcionamiento interno del
centro para mantener el buen orden y la limpieza del
mismo.
h) Participar en las actividades formativas,
educativas y laborales establecidas en función de su situación
personal a fin de preparar su vida en libertad.
Artículo 58. Información y reclamaciones.
1. Los menores recibirán, a su ingreso en el centro,
información escrita sobre sus derechos y obligaciones,
el régimen de internamiento en el que se encuentran,
las cuestiones de organización general, las normas de
funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y
los medios para formular peticiones, quejas o recursos.
La información se les facilitará en un idioma que
entiendan. A los que tengan cualquier género de dificultad
para comprender el contenido de esta información se
les explicará por otro medio adecuado.
2. Todos los internados podrán formular,
verbalmente o por escrito, en sobre abierto o cerrado, peticiones
y quejas a la entidad pública sobre cuestiones referentes
a su situación de internamiento. Dichas peticiones o
quejas también podrán ser presentadas al Director del
centro, el cual las atenderá si son de su competencia o
las pondrá en conocimiento de la entidad pública o
autoridades competentes, en caso contrario.
Artículo 59. Medidas de vigilancia y seguridad.
1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior
en los centros podrán suponer, en la forma y con la
periodicidad que se establezca reglamentariamente,
inspecciones de los locales y dependencias, así como
registros de personas, ropas y enseres de los menores
internados.
2. De igual modo se podrán utilizar exclusivamente
los medios de contención que se establezcan
reglamentariamente para evitar actos de violencia o lesiones de
los menores, para impedir actos de fuga y daños en
las instalaciones del centro o ante la resistencia activa
o pasiva a las instrucciones del personal del mismo en
el ejercicio legítimo de su cargo.
Artículo 60. Régimen disciplinario.
1. Los menores internados podrán ser corregidos
disciplinariamente en los casos y de acuerdo con el
procedimiento que se establezca reglamentariamente, de
acuerdo con los principios de la Constitución, de esta
Ley y del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
respetando en todo momento la dignidad de aquéllos y sin
que en ningún caso se les pueda privar de sus derechos
de alimentación, enseñanza obligatoria y
comunicaciones y visitas, previstos en esta Ley y disposiciones que
la desarrollen.
2. Las faltas disciplinarias se clasificarán en muy
graves, graves y leves, atendiendo a la violencia
desarrollada por el sujeto, su intencionalidad, la importancia
del resultado y el número de personas ofendidas.
3. Las únicas sanciones que se podrán imponer por
la comisión de faltas muy graves serán las siguientes:
a) La separación del grupo por un período de tres
a siete días en casos de evidente agresividad, violencia
y alteración grave de la convivencia.
b) La separación del grupo durante tres a cinco fines
de semana.
c) La privación de salidas de fin de semana de
quince días a un mes.
d) La privación de salidas de carácter recreativo por
un período de uno a dos meses.
4. Las únicas sanciones que se podrán imponer por
la comisión de faltas graves serán las siguientes:
a) Las mismas que en los cuatro supuestos del
apartado anterior, con la siguiente duración: dos días, uno
o dos fines de semana, uno a quince días, y un mes
respectivamente.
b) La privación de participar en las actividades
recreativas del centro durante un período de siete a
quince días.
5. Las únicas sanciones que se podrán imponer por
la comisión de faltas leves serán las siguientes:
a) La privación de participar en todas o algunas de
las actividades recreativas del centro durante un período
de uno a seis días.
b) La amonestación.
6. La sanción de separación supondrá que el menor
permanecerá en su habitación o en otra de análogas
características a la suya, durante el horario de actividades
del centro, excepto para asistir, en su caso, a la
enseñanza obligatoria, recibir visitas y disponer de dos horas
de tiempo al día al aire libre.
7. Las resoluciones sancionadoras podrán ser
recurridas, antes del inicio de su cumplimiento, ante el
Juez de Menores. A tal fin, el menor sancionado podrá
presentar el recurso por escrito o verbalmente ante el
Director del establecimiento, quien, en el plazo de
veinticuatro horas, remitirá dicho escrito o testimonio de la
queja verbal, con sus propias alegaciones, al Juez de
Menores y éste, en el término de una audiencia y oído
el Ministerio Fiscal, dictará auto, confirmando,
modificando o anulando la sanción impuesta, sin que contra
dicho auto quepa recurso alguno. El auto, una vez
notificado al establecimiento, será de ejecución inmediata.
En tanto se sustancia el recurso, en el plazo de dos
días, la entidad pública ejecutora de la medida podrá
adoptar las decisiones precisas para restablecer el orden
alterado, aplicando al sancionado lo dispuesto en el
apartado 6 de este artículo.
El letrado del menor también podrá interponer los
recursos a que se refiere el párrafo anterior.
TÍTULO VIII
De la responsabilidad civil
Artículo 61. Reglas generales.
1. La acción para exigir la responsabilidad civil en
el procedimiento regulado en esta Ley se ejercitará por el
Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a
ella, la ejercite por sí mismo en el plazo de un mes
desde que se le notifique la apertura de la pieza separada
de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla
ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos
del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Se tramitará una pieza separada de
responsabilidad civil por cada uno de los hechos imputados.
3. Cuando el responsable de los hechos cometidos
sea un menor de dieciocho años, responderán
solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus
padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de
hecho, por este orden. Cuando éstos no hubieren
favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia
grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el
Juez según los casos.
4. En su caso, se aplicará también lo dispuesto en
el artículo 145 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley
35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia
a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual, y sus disposiciones complementarias.
Artículo 62. Extensión de la responsabilidad civil.
La responsabilidad civil a la que se refiere el artículo
anterior se regulará, en cuanto a su extensión, por lo
dispuesto en el capítulo I del Título V del Libro I del
Código Penal vigente.
Artículo 63. Responsabilidad civil de los aseguradores.
Los aseguradores que hubiesen asumido el riesgo
de las responsabilidades pecuniarias derivadas de los
actos de los menores a los que se refiere la presente
Ley serán responsables civiles directos hasta el límite
de la indemnización legalmente establecida o
convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de
repetición contra quien corresponda.
Artículo 64. Reglas de procedimiento.
Los trámites para la exigencia de la responsabilidad
civil aludida en los artículos anteriores se acomodarán
a las siguientes reglas:
1.a Tan pronto como el Juez de Menores reciba el
parte de la incoación del expediente por el Ministerio
Fiscal, procederá a abrir una pieza separada de
responsabilidad civil, notificando a quienes aparezcan como
perjudicados su derecho a ser parte en la misma, y
estableciendo el plazo límite para el ejercicio de la acción.
2.a En la pieza de referencia podrán personarse los
perjudicados que hayan recibido notificación al efecto
del Juez de Menores o del Ministerio Fiscal, conforme
establece el artículo 22 de la presente Ley, y también
espontáneamente quienes se consideren como tales.
Asimismo, podrán personarse las compañías aseguradoras
que se tengan por partes interesadas, dentro del plazo
para el ejercicio de la acción de responsabilidad civil.
En el escrito de personación, indicarán las personas que
consideren responsables de los hechos cometidos y
contra las cuales pretendan reclamar, bastando con la
indicación genérica de su identidad.
3.a El Juez de Menores notificará al menor y a sus
representantes legales, en su caso, su condición de
posibles responsables civiles.
4.a Una vez personados los presuntos perjudicados
y responsables civiles, el Juez de Menores dictará auto
acordando el inicio del procedimiento, en el que se
señalarán las partes actoras y demandadas, según lo que
se haya solicitado por los actores y se desprenda del
expediente, y concederá un plazo de diez días a los
demandantes para que presenten un escrito con sus
pretensiones y propongan la prueba que consideren
necesaria, incluida la confesión en juicio y la de testigos.
5.a Transcurrido dicho plazo, el Juez de Menores
dará traslado del escrito a los demandados, quienes en
un plazo de diez días deberán contestar a la demanda
y proponer a su vez la prueba que consideren necesaria.
6.a El Juez, inmediatamente que tenga en su poder
los escritos de unos y de otros, convocará a los
demandantes y a los demandados a una vista oral en la que
aquéllos y éstos, por su orden, expondrán sus
pretensiones y sus alegaciones sobre todo aquello que
consideren relevante al objeto del proceso. En el mismo
acto se admitirán las pruebas pertinentes y se practicarán
las pruebas propuestas. No podrá rechazarse la
confesión en juicio o la prueba testifical por el hecho de haber
sido ya practicadas en el expediente principal.
7.a El Juez, de oficio, mandará unir a los autos
aquellos particulares del expediente del procedimiento de
menores y de las actas de la audiencia que considere
relevantes para su decisión.
8.a Una vez celebrada la audiencia en el
procedimiento de menores y dictada sentencia o recaída otra
resolución definitiva, el Juez dictará sentencia civil
absolviendo a los demandados o declarando los responsables
civiles, con el contenido indicado en el artículo 115 del
vigente Código Penal.
9.a Contra la sentencia indicada en el apartado
anterior cabrá recurso de apelación ante la Sala de Menores
del Tribunal Superior de Justicia, que se sustanciará por
los trámites de la apelación regulados en la Ley de
Enjuiciamiento Civil que por la cuantía corresponda. Una vez
firme la sentencia, podrá ser ejecutada de acuerdo con
las normas del Código Penal y de la citada Ley de
Enjuiciamiento Civil.
10. La sentencia dictada en este procedimiento no
producirá fuerza de cosa juzgada, quedando a salvo el
derecho de las partes para promover juicio ordinario
sobre la misma cuestión, en el cual se considerarán
hechos probados los hechos que el Juez de Menores
haya estimado acreditados, así como la participación del
menor.
11. En la pieza de responsabilidad civil no se precisa
letrado ni procurador, pero, si fuere solicitado, se
designará letrado de oficio al presunto responsable. Los
representantes legales del menor podrán ser defendidos por
el letrado designado al menor en el procedimiento
principal, si así se aceptare por aquél.
Disposición adicional primera. Aplicación en la
Jurisdicción Militar.
Lo dispuesto en el artículo 4 de esta Ley se aplicará
a quienes hubieren cometido delitos o faltas de los que
deba conocer la Jurisdicción Militar, conforme a lo que
se establezca sobre el particular en las leyes penales
militares.
Disposición adicional segunda. Aplicación de medidas
en casos de riesgo para la salud.
Cuando los Jueces de Menores aplicaren alguna de
las medidas terapéuticas a las que se refieren los
artículos 5.2, 7.1 y 29 de esta Ley, en caso de enfermedades
transmisibles u otros riesgos para la salud de los menores
o de quienes con ellos convivan, podrán encomendar
a las autoridades o Servicios de Salud correspondientes
su control y seguimiento, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
medidas especiales en materia de salud pública.
Disposición adicional tercera. Registro de sentencias
firmes dictadas en aplicación de lo dispuesto en la
presente Ley.
En el Ministerio de Justicia se llevará un Registro
de sentencias firmes dictadas en aplicación de lo
dispuesto en la presente Ley, cuyos datos sólo podrán ser
utilizados por los Jueces de Menores y por el Ministerio
Fiscal a efectos de lo establecido en los artículos 6, 30
y 47 de esta Ley, teniendo en cuenta lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y sus
disposiciones complementarias.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
1. A los hechos cometidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ley por los menores
sujetos a la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio, sobre
Reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el
Procedimiento de los Juzgados de Menores, que se
deroga, les será de aplicación la legislación vigente en el
momento de su comisión. Quienes estuvieren
cumpliendo una medida de las previstas en la citada Ley Orgánica
4/1992 continuarán dicho cumplimiento hasta la
extinción de la responsabilidad en las condiciones previstas
en dicha Ley.
2. A la entrada en vigor de la presente Ley, cesará
inmediatamente el cumplimiento de todas las medidas
previstas en la Ley Orgánica 4/1992 que estuvieren
cumpliendo personas menores de catorce años,
extinguiéndose las correspondientes responsabilidades.
3. A los menores de dieciocho años, juzgados con
arreglo a lo dispuesto en el Código Penal de 1973, en
las leyes penales especiales derogadas o en la
disposición derogatoria del Código Penal vigente, a quienes
se hubiere impuesto una pena de dos años de prisión
menor o una pena de prisión superior a dos años, que
estuvieren pendientes de cumplimiento a la entrada en
vigor de la presente Ley, dichas penas les serán
sustituidas por alguna de las medidas previstas en esta Ley,
a instancia del Ministerio Fiscal, previo informe del
equipo técnico o de la correspondiente entidad pública de
protección o reforma de menores. A tal efecto, se habrá
de dar traslado al Ministerio Fiscal de la ejecutoria y
de la liquidación provisional de las penas impuestas a
los menores comprendidos en los supuestos previstos
en este apartado.
4. Si, en los supuestos a los que se refiere el
apartado anterior, la pena impuesta o pendiente de
cumplimiento fuera de prisión inferior a dos años o de
cualquiera otra naturaleza, se podrá imponer al condenado
una medida de libertad vigilada simple por el tiempo
que restara de cumplimiento de la condena, si el Juez
de Menores, a petición del Ministerio Fiscal y oídos el
letrado del menor, su representante legal, la
correspondiente entidad pública de protección o reforma de
menores y el propio sentenciado, lo considerara acorde con
la finalidad educativa que persigue la presente Ley. En
otro caso, el Juez de Menores podrá tener por cumplida
la pena y extinguida la responsabilidad del sentenciado.
5. Las decisiones del Juez de Menores a que se
refieren los apartados anteriores se adoptarán en auto
recurrible directamente en apelación, en el plazo de cinco
días hábiles, ante la Sala de Menores del correspondiente
Tribunal Superior de Justicia.
6. En los procedimientos penales en curso a la
entrada en vigor de la presente Ley, en los que haya imputadas
personas por la comisión de hechos delictivos cuando
aún no hayan cumplido los dieciocho años, el Juez o
Tribunal competente remitirá las actuaciones
practicadas al Ministerio Fiscal para que instruya el
procedimiento regulado en la misma.
Si el imputado lo fuere por hechos cometidos cuando
era mayor de dieciocho años y menor de veintiuno, el
Juez instructor acordará lo que proceda, según lo
dispuesto en el artículo 4 de esta Ley.
Disposición final primera. Derecho supletorio.
Tendrán el carácter de normas supletorias, para lo
no previsto expresamente en esta Ley Orgánica, en el
ámbito sustantivo, el Código Penal y las leyes penales
especiales, y, en el ámbito del procedimiento, la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, en particular lo dispuesto
para los trámites del procedimiento abreviado regulado
en el Título III del Libro IV de la misma.
Disposición final segunda. Modificación de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal.
1. El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de
la publicación de la presente Ley en el "Boletín Oficial
del Estado", elevará al Parlamento un proyecto de Ley
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, para la creación de las Salas
de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia y
para la adecuación de la regulación y competencia de
los Juzgados de Menores y de la composición de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo a lo establecido en
la presente Ley.
2. El Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de
la publicación de la presente Ley en el "Boletín Oficial
del Estado", elevará al Parlamento un proyecto de Ley
de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre,
por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, a fin de adecuar la organización del Ministerio
Fiscal a lo establecido en la presente Ley.
Disposición final tercera. Reformas en materia de
personal.
1. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia,
oído el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía
General del Estado y las Comunidades Autónomas
afectadas, en el plazo de seis meses desde la publicación
de la presente Ley en el "Boletín Oficial del Estado"
adoptará las disposiciones oportunas para adecuar la
planta de los Juzgados de Menores y las plantillas de
las Carreras Judicial y Fiscal a las necesidades orgánicas
que resulten de la aplicación de lo dispuesto en la
presente Ley.
2. Las plazas de Jueces de Menores deberán ser
servidas necesariamente por Magistrados
pertenecientes a la Carrera Judicial. A la entrada en vigor de esta
Ley los titulares de un Juzgado de Menores que ostenten
la categoría de Juez deberán cesar en dicho cargo,
quedando, en su caso, en la situación que prevé el artículo
118.2 y concordantes de la vigente Ley Orgánica del
Poder Judicial, procediéndose a cubrir tales plazas por
concurso ordinario entre Magistrados.
3. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia,
y las Comunidades Autónomas con competencia en la
materia, a través de las correspondientes Consejerías,
adecuarán las plantillas de funcionarios de la
Administración de Justicia a las necesidades que presenten los
Juzgados y las Fiscalías de Menores para la aplicación
de la presente Ley, y determinarán el número de los
equipos técnicos adscritos a los Juzgados y Fiscalías
de Menores, su composición y la plantilla de los mismos.
4. Asimismo, el Gobierno, a través del Ministerio
del Interior, y sin perjuicio de las competencias de las
Comunidades Autónomas, adecuará las plantillas de los
Grupos de Menores de las Brigadas de Policía Judicial,
con objeto de establecer la adscripción a las Secciones
de Menores de las Fiscalías de los funcionarios
necesarios a los fines propuestos por esta Ley.
5. El Gobierno a través del Ministerio de Justicia,
sin perjuicio de las competencias asumidas por las
Comunidades Autónomas, y en el plazo de seis meses desde
la publicación de la presente Ley en el "Boletín Oficial
del Estado", adoptará las disposiciones oportunas para
la creación de Cuerpos de Psicólogos y Educadores y
Trabajadores Sociales Forenses.
Disposición final cuarta. Especialización de Jueces,
Fiscales y abogados.
1. El Consejo General del Poder Judicial y el
Ministerio de Justicia, en el ámbito de sus competencias
respectivas, procederán a la formación de miembros de
la Carrera Judicial y Fiscal especialistas en materia de
Menores con arreglo a lo que se establezca
reglamentariamente. Dichos especialistas tendrán preferencia
para desempeñar los correspondientes cargos en las
Salas de Menores de los Tribunales Superiores de
Justicia y en los Juzgados y Fiscalías de Menores, conforme
a lo que establezcan las leyes y reglamentos.
2. En todas las Fiscalías existirá una Sección de
Menores compuesta por miembros de la Carrera Fiscal,
especialistas, con las dotaciones de funcionarios
administrativos que sean necesarios, según se determine
reglamentariamente.
3. El Consejo General de la Abogacía deberá
adoptar las disposiciones oportunas para que en los Colegios
en los que resulte necesario se impartan cursos
homologados para la formación de aquellos letrados que
deseen adquirir la especialización en materia de menores
a fin de intervenir ante los órganos de esta Jurisdicción.
Disposición final quinta. Cláusula derogatoria.
1. Se derogan: la Ley Orgánica reguladora de la
competencia y el procedimiento de los Juzgados de
Menores, texto refundido aprobado por Decreto de 11
de junio de 1948, modificada por la Ley
Orgánica 4/1992, de 5 de junio; los preceptos subsistentes
del Reglamento para la ejecución de la Ley Orgánica
reguladora de la competencia y el procedimiento de los
Juzgados de Menores, aprobado por Decreto de 11 de
junio de 1948; la disposición transitoria duodécima de
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal; y los artículos 8.2, 9.3, la regla 1.a del
artículo 20, en lo que se refiere al número 2.o del artículo 8,
el segundo párrafo del artículo 22 y el artículo 65 del
texto refundido del Código Penal, publicado por el
Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, conforme a la
Ley 44/1971, de 15 de noviembre.
2. Quedan asimismo derogadas cuantas otras
normas, de igual o inferior rango, se opongan a lo
establecido en la presente Ley.
Disposición final sexta. Naturaleza de la presente Ley.
Los artículos 16, 20, 21, 23 a 27, 30 a 35, 37 a 39,
41, 42 y 61 a 64, la disposición adicional tercera y
la disposición final tercera de la presente Ley Orgánica
tienen naturaleza de Ley ordinaria.
Disposición final séptima. Entrada en vigor y desarrollo
reglamentario.
1. La presente Ley Orgánica entrará en vigor al año
de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado". En
dicha fecha entrarán también en vigor los artículos 19
y 69 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal.
2. Durante el plazo mencionado en el apartado
anterior, las Comunidades Autónomas con competencia
respecto a la protección y reforma de menores adaptarán
su normativa para la adecuada ejecución de las funciones
que les otorga la presente Ley.
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y
autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 12 de enero de 2000.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

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